Recetas para que las ciudades cuenten con espacios comunes

“El 95% de los procesos de creación de nuevas ciudades y pueblos de la primera mitad del siglo XXI sucederán en países en desarrollo”. Y, si no se hace nada para remediarlo, estos nuevos barrios serán lugares sin espacios públicos, explica Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. Sin plazas. Sin aceras anchas, aptas para la vida callejera. Sin edificios y transportes públicos –o, en todo caso, una dotación insuficiente de estos–. Con espacios comunes convertidos en jardines vallados o centros comerciales, privados de su función como lugares de realización de la vida social. Todo ello, por un crecimiento desordenado y unos Ayuntamientos que no lo han podido regular, por falta de voluntad o de recursos.

Contra esta previsión se han conjurado en Barcelona 700 representantes municipales y de la sociedad civil, durante el encuentro en la ciudad de la Conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible –abreviado, Habitat III–. En la declaración final de las jornadas, los ponentes han consagrado el espacio público como el centro de todas las actividades sociales, sean estas culturales, políticas o económicas. También han reclamado la peatonalización de los espacios públicos, y han ligado el mantenimiento de los espacios públicos con el derecho a una vivienda digna. Las conclusiones del encuentro se incluirán en la conferencia final de Habitat III, que se celebrará del 17 al 20 de octubre en Quito. Para evitar la decadencia de estos espacios, los expertos que han participado en las jornadas proponen una política urbanística participativa, que tenga en cuenta la necesidad de espacios públicos de los vecinos en los barrios antiguos y de nueva creación. Y aconsejan dotar de recursos a las administraciones municipales.

Los ejemplos de este crecimiento desordenado abundan. Fue el caso de México, relata Lorena Zárate, presidenta de la ONG Coalición Internacional por el Hábitat. Para resolver la necesidad de vivienda, se concedieron “500.000 créditos al año” a las familias que querían adquiri una vivienda. Una política que también favoreció al sector de la construcción. Pero que además facilitó la creación de barrios enteros en localidades apartadas del centro de las ciudades. Zonas mal comunicadas, con una escasa dotación de servicios públicos y plazas. Como resultado: “Cinco millones de viviendas quedaron vacías, lejos de los centros urbanos y mal comunicadas”. Por si fuera poco, “el 40% de ellas tenían problemas estructurales” y buena parte acabaron abandonadas, abunda Zárate. Una herencia de no lugares. De barrios sin espacio para desarrollar la vida comunitaria, en la periferia de urbes como México distrito federal.

Es también el caso de las comunidades amuralladas, vecindarios cerrados al resto de la comunidad. Estos, apuntan los ponentes de Habitat III, surgen como respuesta a la inseguridad en las ciudades del mundo en desarrollo. Su existencia supone un choque directo contra la lógica del espacio entre inmuebles como un área pública, abierta a la ciudadanía.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Buena parte del problema, sostiene Joan Subirats, experto en políticas públicas, tiene que ver con la herencia histórica de estos países. Los países desarrollados, después de todo, llevan siglos de urbanización. Tiempo suficiente para regularizar asentamientos y establecer normativas, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles, que garanticen que el sector público obtenga parte de “las plusvalías” de la revalorización del suelo privado. Recursos que permiten a los Ayuntamientos desarrollar su política urbanística. Tan solo 40 de los 200 Estados del mundo cuentan con esta reglamentación, recuerda el experto. No es el caso, por ejemplo, de China, “que en los últimos 20 o 25 años han urbanizado a 400 millones de personas”.

Tampoco existe entre los inversores una conciencia clara de la utilidad de los espacios públicos. “No ha habido ningún tipo de valorización de la inversión pública. Los actores privados lo ven como una merma de la inversión que hacen [pese a los beneficios que podrían obtener de una ciudad bien ordenada]”, explica Subirats. Ante ellos, se alza una administración pública “sin fuerza para establecer estas condiciones”.

No existe entre los inversores una conciencia clara de la utilidad de los espacios públicos

¿Qué hacer, entonces? Augusto Barrera, exalcalde de Quito, avanza algunas medidas. “Hay que recuperar el espacio público en las zonas ya urbanizadas”, a través de la revitalización de los espacios. También hay que incluir en la “regulación de grandes proyectos urbanos” los nuevos espacios públicos. Y hace falta garantizar la participación de la ciudadanía en los proyectos urbanísticos. De otro modo, estos no tienen por qué responder a las necesidades de la población, quedando sin uso. Todo ello, bajo el paraguas de “Una planificación global” de la ciudad, “que tenga en cuenta las necesidades de los barrios”.

El caso es que algunas administraciones del mundo en desarrollo ya están avanzando en esta dirección. Sobre todo en America Latina. El crecimiento de sus capitales, explica Subirats, se ha ralentizado, y son las urbes de tamaño medio las que concentran el mayor aumento de población. Todo ello, después de décadas de migración del campo a la ciudad. Un contexto propicio para que las autoridades locales empiecen a ordenar sus barrios. Subirats habla de Medellín (Colombia), y de cómo la extensión del transporte público a los barrios más marginales, unida a la rehabilitación o construcción de equipamientos comunitarios, corrigió el deterioro de la ciudad. Pero también menciona Curitiba (Brasil), México DF o Bogotà (Colombia), donde la extensión de red de autobuses ha servido para conectar los barrios.

De este último caso habla, orgullosa, Nadime Amparo. La responsable de la Defensoría del Espacio Público de la capital colombiana –un departamento que coordina las áreas de trabajo vinculadas al desarrollo de los espacios públicos– describe un panorama, a finales de los años 90, en el que los asentamientos informales ocupaban los cerros cercanos a la ciudad. Barrios enteros privados de espacios públicos y comunicaciones continuas con el centro de la urbe. La respuesta del Gobierno municipal fue “legalizar más de 400 barrios”. Garantizar la llegada de los sistemas de agua potable y servicios públicos. Conectarlos con un sistema de parques y líneas de autobús. Todo ello, con la “implicación de las comunidades locales”, con “contratos de mantenimiento del espacio con asociaciones públicas y privadas”.

Hay un desequilibrio brutal entre los problemas que afrontan las ciudades y los recursos legales y económicos de los que disponen Joan Subirats

La participación es, de hecho, un requerimiento habitualmente mencionado entre los expertos que han asistido a las jornadas. Y ello no significa solo consultar a las personas que residen en un barrio. También hay que tener en cuenta la voluntad de todos los grupos que usan lugares públicos como plazas. Incluidos los “vendedores callejeros”, explica Allison Brown, investigadora de la Universidad de Cardiff y colaboradora de Wiego, una red internacional de ONG’s dedicada a apoyar las trabajadoras informales. “los comercios callejeros crean espacios vibrantes” en los lugares públicos de los países en desarrollo, explica. Y contar con ellos ayuda al mantenimiento de plazas y calles. Pero para asegurar la pervivencia de estos espacios es necesario adaptar la legislación. Esta, explica la investigadora, suele suponer una “barrera imposible” para la regularización de su actividad.

Zárate avanza una larga lista de deberes. Los municipios, explica, deben integrar el “derecho a la ciudad” –la inclusión, dentro de la política pública, de todos los derechos vinculados a la dignidad del ser humano, desde el acceso al trabajo y a la vivienda hasta el transporte público– dentro de su acción de Gobierno. Ello implica integrar la labor de distintos departamentos, a la vez que se cuenta con la población local. “Si se hace una política social que no alcanza a estos grupos [los barrios más necesitados] es contradictorio hacer una política pública de grandes autopistas”, reflexiona.

También implica, apunta la activista, coordinar el trabajo de los municipios vecinos. Un punto en el que Subirats cree que aún queda trabajo para hacer. “La única área metropolitana con el nivel de agregación [necesario para articular su labor urbanística con visión de conjunto] es Quito”, capital de Ecuador, explica el experto en políticas públicas. No es el caso de Sao Paulo, capital brasileña. Ni Lima, en Perú. Ni Santiago de Chile. “No cuentan con una autoridad que vaya más allá de los límites estrictos de la ciudad”, explica.

Por último, todos los esfuerzos para preservar el papel de los lugares públicos tendrán un efecto limitado si los municipios no cuentan con las competencias y la financiación que necesitan, añade Subirats. “Hay un desequilibrio brutal entre los problemas que afrontan estas ciudades y los recursos legales y económicos de los que disponen”. Ello, a la práctica, supone una clara división del trabajo entre los Gobiernos centrales, dotados de la capacidad de analizar los problemas principales que afrontan las concentraciones urbanas; y los municipios, con “la capacidad de acción y los recursos” que necesitan para actuar sobre el terreno.