La conjura de las ciudades contra la suciedad perruna

Un transeúnte en Madrid tiene que sortear una deyección de perro cada 500 metros de acera. La estadística, correspondiente a 2011, es engañosa porque no recoge el deprimente espectáculo de mierda de perro sin recoger en plazas peatonales —lugares de esparcimiento para chuchos y dueños— y parques públicos o infantiles. Allí, la distancia entre minas (así se conoce a la caca de perro en el argot vecinal) es considerablemente menor. Las cacas constituyen un fétido paisaje cotidiano para los madrileños; su desgraciada y pestilente presencia, agravada por el asco de quien las pisa, indica que la capital es una ciudad sucia, dominada por el incivismo, como demuestran además la presencia caótica de bolsas de basura, los manchurrones de vómitos en el suelo y las botellas o los vasos rotos en plena vía pública. Los Ayuntamientos han hecho poco para acabar con el espectáculo de nuestra propia desidia. Hasta ahora.

Sea por una conjunción favorable de los planetas, sea porque la mierda de perro ya no puede llegar más alto o porque haya un complot nacional contra los perros, el caso es que muchos Ayuntamientos “han tomado conciencia” del problema de los excrementos. Madrid ha anunciado multas elevadas para quienes dejen cacas en la calle —entre 750 y 1.500 euros— y sugiere que los infractores podrán cambiar las multas por trabajos de limpieza pública, a razón de cuatro horas por cada 100 euros. Si fuera posible opinar, más que la sanción importa que los multados paguen su infracción con servicios públicos de recogida de mierda; de esa forma entenderán el inmenso valor de recoger la deposición de sus mascotas con sencillos y fáciles movimientos en el momento de la deyección del can. Cualquier sanción rigurosa —dentro de un orden— será bienvenida.

En la misma idea están Seu d’Urgell, Sitges, Guadalajara o Cornellá, entre otras localidades, o Andorra. Algunos Consistorios proponen que todos los perros de la localidad dispongan de una ficha de identificación genética, algo sencillo de conseguir con un análisis de sangre; de esta forma, podría rastrearse el ADN del chucho desconocido en el excremento abandonado y el dueño sería identificado y multado. Surge de la caca perruna un negocio en ciernes, porque cada análisis de sangre cuesta 25 euros y cada análisis de la muestra orgánica, 35. Como suele decirse, la biotecnología cambia mierda por oro. Dicen que es un procedimiento extendido en Estados Unidos; pero allí la conciencia cívica es un valor reconocido. En España quizá no funcione tan bien; seguro que alguien inventa un método para trucar la ficha genética.

Muchos españoles quieren tener un perro; no son tantos los que están dispuestos a aceptar el coste en tiempo, atención y dinero que exige un can. No caen en la cuenta de que una ciudad, un mar de asfalto al fin y al cabo, no es el lugar más adecuado para un animal; ni entienden que encerrarlo en un piso deteriora sus condiciones vitales a medio plazo. Prefieren quedarse con las ventajas y trasladar los inconvenientes a la vía pública para que los soporten sus conciudadanos.