Revuelta en la isla del gas
El archipiélago tunecino de Kerkennah exige a la empresa Petrofac que invierta en la zona

Los protagonistas de la última revuelta en la efervescente Túnez evocan conflictos habituales en otras latitudes: una multinacional británica de la energía, los indómitos vecinos de una isla idílica, un Gobierno incompetente y decenas de policías antidisturbios. Pero el guion de esta rebelión en el archipiélago de Kerkennah, habitado por 15.000 personas y situado a unos 20 kilómetros de la ciudad mediterránea de Sfax, contiene elementos originales.
Al rebufo de los vientos revolucionarios de la primavera árabe, los habitantes de la principal isla de Kerkennah, cuna del sindicalismo tunecino, bloquearon durante semanas los accesos a las instalaciones de la compañía Petrofac, que explota un yacimiento de gas. Empoderados por la caída del corrupto régimen de Ben Alí, los vecinos forzaron a la empresa a dedicar una parte mayor de sus ingresos al desarrollo de la zona. Era el precio a pagar en aras de la paz social.
Gracias a un acuerdo tripartito entre vecinos, Petrofac y el Gobierno provincial se creó un “programa de trabajo medioambiental”, financiado por la compañía, del que se beneficiaron más de 250 jóvenes desempleados. A pesar de su nombre, la finalidad del proyecto no era realmente de tipo ecológico. Los beneficiarios pasaron a cobrar un subsidio mensual de entre 135 y 225 euros a cambio de incorporarse a diversas entidades públicas: la delegación provincial, correos, el hospital, etcétera.
Sin embargo, el acuerdo era informal, y ninguno de ellos llegó a firmar un contrato laboral y, por lo tanto, quedaron excluidos de la cobertura de la seguridad social. Después de que el Estado incumpliera repetidamente sus promesas de regularizar la situación de los jóvenes subempleados, a mediados de enero los habitantes de Kerkennah iniciaron un cerco de las instalaciones de Petrofac con el fin de paralizar sus actividades.
En lugar de recurrir al diálogo para resolver su enésima crisis social, el pasado 4 de abril, el Gobierno envió a centenares de agentes de policía a desalojar a los manifestantes. La noche terminó en una batalla campal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Kast intenta sumar a Ecuador en su idea de abrir un corredor humanitario para devolver a migrantes irregulares a Venezuela
Estados Unidos advierte que privará a Maduro de “los recursos que usa para financiar” el narcotráfico
México pide ante la ONU una solución “pacífica, democrática y negociada” para la crisis en Venezuela
Colombia confirma el primer caso del virus influenza H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y las recomendaciones sanitarias
Lo más visto
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
- Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
- “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
- El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables




























































