Revuelta en la isla del gas
El archipiélago tunecino de Kerkennah exige a la empresa Petrofac que invierta en la zona
Los protagonistas de la última revuelta en la efervescente Túnez evocan conflictos habituales en otras latitudes: una multinacional británica de la energía, los indómitos vecinos de una isla idílica, un Gobierno incompetente y decenas de policías antidisturbios. Pero el guion de esta rebelión en el archipiélago de Kerkennah, habitado por 15.000 personas y situado a unos 20 kilómetros de la ciudad mediterránea de Sfax, contiene elementos originales.
Al rebufo de los vientos revolucionarios de la primavera árabe, los habitantes de la principal isla de Kerkennah, cuna del sindicalismo tunecino, bloquearon durante semanas los accesos a las instalaciones de la compañía Petrofac, que explota un yacimiento de gas. Empoderados por la caída del corrupto régimen de Ben Alí, los vecinos forzaron a la empresa a dedicar una parte mayor de sus ingresos al desarrollo de la zona. Era el precio a pagar en aras de la paz social.
Gracias a un acuerdo tripartito entre vecinos, Petrofac y el Gobierno provincial se creó un “programa de trabajo medioambiental”, financiado por la compañía, del que se beneficiaron más de 250 jóvenes desempleados. A pesar de su nombre, la finalidad del proyecto no era realmente de tipo ecológico. Los beneficiarios pasaron a cobrar un subsidio mensual de entre 135 y 225 euros a cambio de incorporarse a diversas entidades públicas: la delegación provincial, correos, el hospital, etcétera.
Sin embargo, el acuerdo era informal, y ninguno de ellos llegó a firmar un contrato laboral y, por lo tanto, quedaron excluidos de la cobertura de la seguridad social. Después de que el Estado incumpliera repetidamente sus promesas de regularizar la situación de los jóvenes subempleados, a mediados de enero los habitantes de Kerkennah iniciaron un cerco de las instalaciones de Petrofac con el fin de paralizar sus actividades.
En lugar de recurrir al diálogo para resolver su enésima crisis social, el pasado 4 de abril, el Gobierno envió a centenares de agentes de policía a desalojar a los manifestantes. La noche terminó en una batalla campal.
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