El probable farol verde del Gobierno de Hollande
Francia aplaza el cierre de nucleares y da marcha atrás en el desarrollo de las renovables


Por un tiempo, Francia soñó con ser el ejemplo del mundo en economía verde. En cumplimiento de una promesa electoral, el Gobierno de François Hollande aprobó en agosto de 2015 una ambiciosa Ley de Transición Energética que exhibió después en la Cumbre del Clima de París. Ocho meses más tarde, el impulso político parece haberse desinflado.
Esa ley francesa exige elevar el porcentaje de electricidad producida por fuentes renovables al 40% en 2025 (ahora es el 15%) y reducir la energía nuclear al 50% del total para ese mismo año, entre otras muchas cosas que desembocarán en un modelo energético verde. Al poco de aprobarse tan ambiciosa norma, la ministra de Medio Ambiente y Energía, Ségolène Royal, su promotora, anunció que la vieja central de Fessenheim, junto a la frontera alemana y cuyo cierre ha pedido varias veces Berlín, se clausurará en 2017. Para entonces puede que Hollande haya perdido ya las elecciones.
En marzo pasado, la ministra dijo que planea prolongar la vida de sus reactores nucleares 10 años más, cuando el cumplimiento de la ley obliga a Francia a cerrar entre 17 y 20 de los 58 reactores que hay en el país. Ahora, la alarma se ha disparado de nuevo al hacer público la ministra el nuevo aplazamiento para presentar su primera programación plurianual de la energía, lo que equivale a seguir demorando cualquier decisión a solo un año de las presidenciales.
El Gobierno no solo arrastra los pies en energía nuclear. El desarrollo de las renovables tampoco avanza e incluso da marcha atrás y pierde terreno respecto a otros países europeos. Una información del semanario Le Canard Enchaîné pone la puntilla al asunto: la mitad de los molinos de viento del país no valen para nada porque, sencillamente, no están conectados a la red eléctrica. Imposible, considera la publicación, alcanzar siquiera los objetivos fijados en Bruselas de alcanzar el 23% de fuentes renovables para 2020. La meta del 40% de la ley francesa se avizora así como un auténtico farol.
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