Difundir datos de los contribuyentes es causa de delito

Cualquiera diría que siendo José María Aznar del cuerpo de inspectores fiscales conocería al dedillo los límites que no puede traspasar en los apaños fiscales aplicados a sus propias rentas. Tendría que saber, por ejemplo, que si pretende convertirse en persona jurídica para que sus rentas sean gravadas por el impuesto sobre sociedades (más bajo que el de IRPF) tiene que demostrar que la sociedad donde coloca sus ingresos (en este caso Famaztella, Familia Aznar Botella, otro destello de su divertido ingenio) presenta algún rastro de actividad; vamos, que los ingresos no sean personalísimos y hay alguna razón mensurable para separar la actividad de la sociedad de la actividad de la persona. Pues no, Aznar o no lo sabía o no cayó en la cuenta. Cuentan los confidenciales que Hacienda inspeccionó Famaztella y no encontró tal justificación, así que la Agencia Tributaria impuso un correctivo económico al expresidente.

Cualquiera diría, además, que siendo Aznar inspector fiscal y expresidente de Gobierno y habiendo propinado filípicas sin cuento sobre la obligación de los ciudadanos de pagar impuestos, se habría resistido a la chapuza (llamarlo ingeniería parece excesivo) de pasar de persona física a persona jurídica; pues tampoco. Conste que las apelaciones a la ética fiscal deben sonar a rancio en los oídos de dirigentes que se han construido mundos particulares con reglas financieras o tributarias de excepción después de comprobar que podían hacerlo con impunidad. Rábulas superdotados, cohortes de cuadros de los Gobiernos del PP y del propio partido se han dedicado a destruir cualquier atisbo de ética social y profesional por el método de distinguir entre legalidad y legitimidad y atenerse sólo a la primera.

Dicho lo anterior, con la convicción elemental de que Aznar, maestro desde el poder en confundir prejuicios con principios, no está exento de pagar impuestos ni tiene el privilegio de la impunidad tributaria, lo más escandaloso del incidente Aznar hay que buscarlo en la desenvuelta filtración del prontuario fiscal del expresidente. La impunidad con que se difunden datos fiscales una y otra vez, sin que la Agencia Tributaria o su jefe político (Cristóbal Montoro) vean en ello un delito en curso, produce la misma estupefacción que observar a un tigre de Bengala recitando The Waste Land. La administración popular de la Hacienda pública nunca ha rebasado el nivel del esperpento y en los peores momentos ha rozado lo rufianesco. Se han filtrado declaraciones de renta —como la de Esperanza Aguirre— o informes pedidos por jueces y se ha regañado a la oposición como si fueran evasores. Ahora resulta que al tótem de la curva (de Laffer) y cancerbero de las esencias de Génova también se le aplica la pena de difusión de sus pecados fiscales.

Lo que se espera de la Agencia Tributaria, responsable de custodiar la información fiscal, es que abra y lleve a buen término un expediente para investigar la filtración. La Agencia se ha convertido en un artefacto de disuasión o de ajuste de cuentas dentro y fuera del PP; y está fuera de control. El envilecimiento no puede ni debe llegar más lejos.