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Parar la LOMCE

El Gobierno no debe empecinarse en aplicar una ley que concita el rechazo general y será derogada

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, junto al ex ministro socialista de Educación, Ángel Gabilondo.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, junto al ex ministro socialista de Educación, Ángel Gabilondo.

Mañana se debatirá en el Congreso una proposición de ley del PSOE que insta la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Por salud democrática, el Gobierno en funciones debería desistir de culminar una norma que tarde o temprano será derogada. Mantener el calendario de aplicación previsto supone crear inseguridad jurídica, confusión y graves perjuicios a cientos de miles de estudiantes y sus familias. La ley ha entrado ya parcialmente en vigor, pero lo ha hecho con tantas dificultades y tan falta de apoyo que ha sumido a la comunidad educativa en un estado de incertidumbre y desorden sin precedentes. Su único valedor sigue siendo un PP muy disminuido en el nuevo Parlamento y ausente de muchos de los Gobiernos regionales que deben aplicarla.

El Gobierno no debe empecinarse en aplicar una reforma que concita el rechazo de todos los demás partidos políticos, de 12 de las 17 comunidades autónomas y de la comunidad educativa al completo, incluida la Conferencia de Rectores, que ha pedido que se mantenga el sistema de selectividad actual. En el curso 2016-2017 deben implantarse, de acuerdo con la ley, las reválidas previstas al final de Secundaria y del Bachillerato. No tiene ningún sentido continuar un despliegue que lo único que hará es castigar a los alumnos con cambios que no se mantendrán. De momento, solo se ha regulado la prueba externa que en mayo deben hacer los alumnos de sexto de Primaria (12 años), pero no está claro cómo se va a aplicar, dada la resistencia que ofrecen diversas comunidades autónomas. La incertidumbre afecta especialmente a los alumnos de Bachillerato, que a estas alturas no saben cómo será la reválida que tendrán que hacer en 2017 en lugar del actual sistema de selectividad, y qué otras pruebas adicionales habrán de superar para acceder a la universidad. La ley contempla que estas puedan establecer pruebas específicas de acceso, pero tampoco están reguladas.

La educación ha sufrido ya demasiados cambios como para retorcer de nuevo el sistema de forma tan inútil y gratuita. Hay que recordar que la LOMCE fue aprobada en 2013 con el único apoyo del PP, que entonces tenía mayoría absoluta e impuso con tal desprecio por el pluralismo su modelo educativo que se negó a aceptar ni una sola de las más de 900 enmiendas presentadas. No deben ser los alumnos los que ahora paguen el precio de esa arrogancia política. Lo sucedido debe servir de lección para que la nueva ley general educativa se haga con el mayor consenso posible y libre de partidismos ideológicos.

 

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