Mejor tarde que nunca

Una concepción estrecha de la democracia por parte del Gobierno de Rajoy ha provocado el conflicto institucional con el Congreso de los Diputados a cuenta de si un equipo interino debe ser objeto o no de control parlamentario. Tiene más razón el Congreso al defender la plenitud de sus funciones, que el Gobierno al exagerar el minimalismo de las suyas. Pero ni el Parlamento debería gesticular en exceso mientras no cumpla con la primera de las competencias que le asigna la Constitución —que es la de elegir a un presidente del Gobierno—, ni el Ejecutivo interino puede ignorar la ley, como ha venido haciéndolo descaradamente a lo largo de las últimas semanas.

La Ley del Gobierno somete al control de las Cortes “todos los actos y omisiones” del Ejecutivo. Le prohíbe tomar iniciativas en aspectos tasados (envío de proyectos de ley y otros), pero le encarga la gestión del resto de los asuntos públicos. Sin embargo, el equipo dirigido por Rajoy ha hecho como que estaba eximido de todo control por estar en funciones. No es que el Ejecutivo no pueda hablar en sede parlamentaria de lo que decide o deja de decidir, sino que no quería hacerlo. Tenía y tiene que cumplir con la obligación de atender la gestión de los aspectos encomendados, pero pretendía hacerlo sin dar explicaciones.

Específicamente, se ha pasado semanas negándose a comparecer sobre las últimas cumbres de la UE, pese a que la Ley de la Comisión Mixta para la Unión Europea obliga al Gobierno a comparecer ante el pleno del Congreso “con posterioridad a cada Consejo Europeo ordinario o extraordinario”. Rajoy ha tardado mucho en rectificar su rechazo inicial y ahora se anuncia su presencia en el Congreso para el 6 de abril. Más vale tarde que nunca.

Todavía se entiende menos la negativa anterior cuando el consenso del Congreso con el que acudió a la cumbre sobre los refugiados incluía un punto, el de la negativa a las expulsiones masivas, que fue recogido en el acuerdo a propuesta de España. En vez de aprovechar la oportunidad de valorar las ventajas de la negociación, la terca actitud inicial del presidente en funciones y la forzada rectificación posterior han teñido de conflicto lo que podría haberle servido de gesto para salir del aislamiento político en que se encuentra.

Falta por ver si el Gobierno seguirá negándose a toda otra forma de control, y si los diputados ajenos al PP sostendrán el pulso formalizando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Nadie debería gastar demasiada pólvora en salvas. Durante las legislaturas anteriores, las sesiones ordinarias de control al Gobierno tuvieron un seguimiento muy desigual por parte de una opinión pública harta de discusiones sobradas de desprecios, cuando no de insultos. Que los partidos maniobren para hacer perder los nervios a los adversarios no les autoriza a pensar que el público está deseando contemplar otra buena tanda de palizas políticas entre el Gobierno y los grupos parlamentarios ajenos al PP, a modo de aperitivo de una nueva y bronca campaña electoral que ellos mismos habrán provocado.