La ineficacia que castiga a los parados españoles

Mariano Rajoy basó la campaña electoral de las legislativas de 2011 en la idea de que los problemas de la economía española, y particularmente su elevada tasa de paro, se debían a la nefasta gestión del Gobierno socialista. Prometía un gobierno eficiente. Muchos electores le creyeron y le dieron suficientes votos como para gobernar con mayoría absoluta. Ciertamente, en una situación de crisis como la que ha vivido este país, el acierto en la gestión es determinante. Ser eficiente en la administración de los recursos públicos no solo es un imperativo político, sino también ético. Terminada la legislatura, el Gobierno del Partido Popular, ahora en funciones, no solo no ha creado los 3,5 millones de puestos de trabajo que prometió en el debate electoral, sino que España ni siquiera parece capaz de gastar el dinero que con mucha dificultad ha logrado movilizar para crear empleo y ayudar a los parados. Para muestra, tres botones:

Plan de ayuda a los parados. En diciembre de 2014, el Gobierno firmó solemnemente con los agentes sociales un plan de activación del empleo que preveía proporcionar una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses a más de 400.000 parados de larga duración. Pues bien, cuando apenas quedan dos semanas para que el plan termine, apenas se han distribuido 182 de los 1.200 millones de euros consignados (el 15%) y solo han recibido ayudas 105.000 parados, es decir, el 25% de los potenciales beneficiarios. En ese tiempo únicamente 14.000 de esos parados han encontrado trabajo.

Plan de garantía juvenil. La Unión Europea aprobó también en 2014 un plan de garantía juvenil para ofrecer un puesto de trabajo o formación profesional a los jóvenes en paro. A España le correspondieron 943 millones de euros. Pese a tener una tasa de desempleo juvenil del 46,24%, una de las más altas de Europa, a finales de 2015 solo había sido capaz de gastar el 12,25% de los fondos obtenidos.

Plan Juncker de inversiones. Siete meses después de que el llamado Plan Juncker de inversiones para reactivar la economía y crear empleo abriera la ventanilla para recibir propuestas, España apenas ha presentado siete proyectos y otros tantos acuerdos de financiación. El plan dispone de 21.000 millones de fondos públicos, con los que la UE pretende movilizar inversión privada por valor de 315.000 millones. El fondo no se distribuye por cuotas de país, sino en función de los proyectos que se generen. España apenas ha presentado proyectos por valor de 615 millones, con los que espera movilizar 2.500 millones de inversión privada y crear 5.500 empleos, cuando Reino Unido, con 1.400 millones de fondos públicos, generará 70.000 empleos. Reino Unido, Francia e Italia se han beneficiado mucho más de ese plan pese a tener una mejor situación socio-económica que España.

Estos datos no solo revelan un déficit de sensibilidad social. También muestran una grave problema de eficacia en la gestión de lo público, algo que en un país con tanto paro es imperdonable. Peor que el incumplimiento de una promesa es la sospecha de que se incumple por desidia.