Cargos por azar

Una de las claves más importantes del pacto PSOE-Ciudadanos ha pasado muy desapercibida. Me refiero a la introducción del azar como medio de despolitizar los nombramientos en altos órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o la de Mercados y Competencia, por citar solo algunos de esos órganos y agencias de control, bastante numerosas.

La independencia y la capacidad profesional son las características imprescindibles de quienes han de dirigir esas instituciones, para que sean creíbles y tengan una actuación eficaz. La experiencia muestra que la dificultad principal se da en relación con la independencia personal, que no solo requiere normas de inamovilidad e incompatibilidades, sino que los procedimientos de elección garanticen la autonomía respecto de los partidos políticos.

Lo habitual en los procesos de selección ha sido el reparto de cargos, de acuerdo con el peso de cada grupo político, atendiendo a razones de clientela lejanas de los criterios de profesionalidad e independencia personal. En lugar de la independencia, el criterio del nombramiento se transforma en el de lealtad política lo que conduce al descrédito de esos altos órganos.

Una vía sólida, si bien peculiar, de resolver este problema de independencia se basa en el uso de la aleatoriedad. El azar se ha utilizado históricamente para el nombramiento de cargos públicos. Desde hace 20 años he venido hablando y escribiendo sobre esta posibilidad que nace del desaliento producido por la incapacidad del sistema para elegir, libre de motivaciones políticas, esos altos cargos, de forma que se logre la información y el control que mejoren la gobernabilidad pública.

La medida del acuerdo PSOE-Ciudadanos para despolitizar las altas instituciones tiene tres tramos. El primero es una convocatoria de las vacantes a cubrir en la dirección de alguno de esos órganos, para que se presenten las personas que crean cumplir los requisitos que se exijan para el cargo (se supone que en términos de capacidad profesional, independencia e incompatibilidad). La evaluación de esas condiciones se efectuaría, en un segundo tramo, por un Comité Asesor de profesionales designados, por sorteo, entre los propuestos por los grupos parlamentarios. Aquí es donde entra el azar. Supongamos que son cinco los grupos que pueden proponer hasta 10 personas cada uno para un comité de, por ejemplo, 10 asesores. La suerte (por insaculación) reduciría el colectivo de 50 a los 10 que formarían el Comité Asesor, el cual debería seleccionar, digamos, tres candidatos por cargo vacante, posiblemente con un orden de preferencia, dando publicidad a los informes de evaluación. Entre estos tres candidatos por cada cargo, tercer tramo, el Parlamento, tras sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones (imagino que públicas), elige, con la mayoría exigible, a las personas que ocupen los cargos.

Lo habitual en los procesos de selección ha sido el reparto de cargos, de acuerdo con el peso de cada grupo político

Creo que no hay nada que objetar a la primera parte del acuerdo. La formación del Comité Asesor plantea más problemas, principalmente en cuanto al número de personas necesarias. Pensemos en que haya que renovar 10 miembros de un alto órgano y que se presentan a la convocatoria cinco personas por cargo: 50 profesionales. Siguiendo las cifras barajadas en el párrafo anterior, necesitamos un número igual de profesionales, para formar por azar el comité de 10 (total de cien). No estoy seguro de que se pueda contar siempre con tal número de profesionales con el prestigio necesario, y la independencia, tanto para optar a un alto cargo (50 en nuestro ejemplo) como para formar parte del colectivo (otros 50) cuyo sorteo formará el Comité Asesor. En todo caso, nada garantiza que buena parte de los propuestos por los grupos parlamentarios para insacular el comité no lo fueran más por lealtades políticas que por su capacidad profesional e independencia. La misma preocupación surge en la elección parlamentaria entre los candidatos, tres por cargo, que aporta el Comité. El intercambio de votos podría hacer, en nuestro ejemplo, que los 10 elegidos, entre los 30 propuestos, contaran con un porcentaje mayor de amigos políticos que de buenos profesionales independientes.

Una alternativa con mayores garantías sería que, entre los candidatos admitidos, fuera, de nuevo, el azar de un sorteo la prueba fortuita de independencia en los nombramientos. Esto requeriría consenso sobre los objetivos que se persiguen en esas instituciones. Otra alternativa, ya no tan aleatoria y muy parecida a la descrita más arriba, se basaría en el buen comportamiento de los grupos políticos tanto proponiendo asesores (en número menor que el del acuerdo PSOE-Ciudadanos), que se someterían a insaculación, como efectuando finalmente los nombramientos. Todo ello con una transparencia absoluta del proceso. Hasta ahora, el PP y el PSOE no han actuado en este asunto de forma que se pueda ser optimista, y Podemos, al solicitar una vicepresidencia que controlara una parte de estos nombramientos, aclaraba que habría que seleccionar gente “comprometida con el programa de gobierno”, lo que nos sitúa en peor posición. De aquí que sea bienvenida la introducción del azar en el nombramiento de altos cargos.

Emilio Albi es catedrático emérito en la Universidad Complutense. Ha publicado recientemente Reforma fiscal y Economía de la gestión pública.