Un modelo de innovación que perjudica seriamente su salud

A lo largo de los dos últimos años el planeta entero ha vivido como una crisis propia el desarrollo de la epidemia de ébola en África occidental. Desatendida en sus inicios como un brote más de la docena que han tenido lugar en la región desde 1976, la crisis que ha golpeado a Liberia, Guinea y Sierra Leona se ha cobrado más de 11.000 vidas y ha logrado poner en alerta a los sistemas de salud de medio mundo. Lo que es igualmente inquietante, esta emergencia médica y humanitaria ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema de innovación farmacéutica que no supo ver los incentivos para completar el desarrollo de tratamientos y vacunas, y que podría abrumar ahora a víctimas y donantes con un coste desproporcionado por las respuestas que se están desarrollando.

La crisis del ébola es una ilustración extrema del problema global de acceso a medicamentos esenciales que afecta a muchas otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que uno de cada tres habitantes del planeta carece de acceso en condiciones apropiadas a los medicamentos que serían necesarios para afrontar enfermedades evitables y garantizar una vida digna y segura. Estos porcentajes llegan a doblarse en el caso de las regiones más pobres de África, Asia y América Latina, pero el problema en ningún modo se limita a los países menos adelantados y a las enfermedades denominadas tropicales. A medida que se incrementa la prevalencia de enfermedades no transmisibles —como el cáncer o la diabetes— y las desigualdades al interior de las naciones se establecen como el factor determinante de la vulnerabilidad de los pacientes, las dificultades para acceder a tratamientos esenciales son reconocibles también en las economías emergentes e incluso en los países más desarrollados, como España.

La crisis del ébola es una ilustración extrema del problema global de acceso a medicamentos esenciales que afecta a muchas otras enfermedades

El caso de la hepatitis C (VHC) ilustra bien la lógica de un problema que nos resulta dolorosamente familiar: una compañía farmacéutica adquiere por una cantidad elevada un medicamento desarrollado gracias, en parte, a la inversión pública. La compañía da en la diana, recupera en solo un año la inversión realizada y se prepara para navegar las dos décadas del monopolio que garantizan las normas de propiedad intelectual imponiendo a los tratamientos un precio desorbitado: mientras un estudio de la Universidad de Liverpool demostraba que la nueva generación de medicamentos contra el VHC podía ser producido por tan solo 101 dólares para un tratamiento de tres meses, el coste para la sanidad publica española podría haber rondado los 25.000 euros por paciente, y dispararse hasta los 84.000 dólares en el caso de los Estados Unidos. El hecho mismo de que no sepamos estos números con certeza constituye una violación de la transparencia que debe informar cualquier debate de interés público.

Las compañías productoras de estos medicamentos —con la farmacéutica Gilead a la cabeza— arguyen que su estrategia comercial establece una política adaptada a la capacidad de pago de los diferentes mercados, pero la mejor oferta de la empresa a un país en desarrollo es 15 veces más cara que su alternativa genérica. Lo que es igualmente inquietante, cualquier intento de respuesta se convierte en un rosario de negociaciones y combates legales que no dejará satisfechos ni a los propietarios de la patente, ni a los países que deben enfrentarse a ella. Y, ciertamente, puede dejar sin tratamiento a buena parte de los cerca de 150 millones de enfermos de hepatitis C en todo el planeta.

Hay algo profundamente equivocado en un sistema de innovación y acceso a medicamentos que permite morir a millones de personas cuando el tratamiento que les salvaría la vida puede ser desarrollado, producido y comercializado a un precio que permita cubrir los costes de producción, incluyendo la I+D+i y un beneficio no abusivo. El ébola y la hepatitis C, como la preocupación creciente acerca de la resistencia bacteriana a los antibióticos existentes, han revitalizado un debate que durante demasiado tiempo ha estado circunscrito a los círculos de expertos y activistas. Hoy los pacientes y los contribuyentes de decenas de países —ricos, emergentes y pobres— no solo se preguntan si se desarrollarán los medicamentos que necesitan, sino de dónde saldrá el dinero para costearlos, y por qué razón el precio que deben pagar es exorbitante.

Las opiniones sobre la mejor alternativa a este modelo roto son tan numerosas como los actores involucrados, públicos, empresariales y de la sociedad civil. Pero el consenso acerca de la necesidad de resolverlo es cada vez más sólido. Por primera vez en años, tenemos la oportunidad de considerar las limitaciones del modelo de innovación y acceso a medicamentos y proponer alternativas.

Hay algo profundamente equivocado en un sistema que permite morir a millones de personas cuando el tratamiento que les salvaría la vida puede ser desarrollado a un precio que permita cubrir los costes

Para ser claros, no todos los problemas están relacionados con el sistema de patentes o la actitud de las compañías farmacéuticas. Empeñarse en sostener un modelo secuestrado por los intereses privados sería un error tan grave como caer en la tentación de pendular y excluir a las compañías de la ecuación que nos permitirá resolver el problema. Un sistema de incentivos eficaz y proporcionado permitirá mantener la importante contribución de este sector al esfuerzo de innovación y distribución de medicamentos, al tiempo que se garantiza el interés común a través de leyes que impidan el abuso de poder y recursos que extiendan la innovación a las enfermedades menos rentables.

Es hora de alinear el modelo de innovación farmacéutica con el derecho de todos a la salud. El primer paso es reconocer que la continuidad del statu quo es insostenible y establecer con exactitud los dilemas a los que debemos hacer frente para conseguir un sistema que garantice el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible, al tiempo que reconoce el legítimo derecho de las compañías farmacéuticas a un beneficio razonable por su actividad. Esto es exactamente lo que propone la campaña No Es Sano, que desarrollan en España diferentes colectivos médicos, científicos y sociales. Las posiciones extremas de algunas compañías farmacéuticas y de algunos grupos activistas no han logrado vencer ninguna de estas barreras, más bien lo contrario. Por esta razón, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) presentamos hoy la primera publicación de una nueva serie de informes sobre innovación y acceso a medicamentos con la que queremos contribuir a identificar los nudos gordianos del problema y concitar el diálogo que debe inspirar cualquier debate público constructivo. Ni más ni menos.

Elena Villanueva y Gonzalo Fanjul son coordinadora y director de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).