Sobre pactos y versiones

EL PAÍS ha dedicado varios editoriales a analizar eventuales pactos de Gobierno, inevitables a la vista de los resultados del 20-D. Dos de ellos, los titulados Rajoy no puede, Sánchez no debe, y El PSOE no es la CUP, publicados el 22 y el 31 de enero, respectivamente, han provocado protestas de los lectores.

Javier F. Maroto escribe en relación con el segundo editorial: “Me asombra este estilo, que no es que describa la situación interna del PSOE, es que se permite tomar posición como si el periódico fuera una federación socialista más”. También plantea críticas Domingo Ochoa, quien recuerda en su correo que Sánchez fue elegido democráticamente por la militancia, y entre sus atribuciones está la de convocar dicha consulta.

Más numerosas han sido las reacciones al editorial del viernes 22 de enero, en el que se advertía al líder socialista de los riesgos de una coalición con Podemos y el PNV. Varios lectores lo han interpretado como un ataque al líder del PSOE. Por ejemplo, Fernando Aguilar Lozano, que escribe: “¡Pobre Pedro Sánchez!, la cantidad de enemigos que tiene y entre ellos, ustedes los más acérrimos. ¿Qué les ha hecho para que le nieguen su legitimidad para intentar formar Gobierno? ¿Por qué le dicen que ‘no debe’?”. Es el caso también de José Lores, que apunta: “Les recuerdo que [Sánchez] ha sido elegido de forma totalmente democrática y solo puede ser revocado de la misma forma, ni por presiones de algunos barones por muy poderosos que sean, ni por comentarios de viejas glorias del partido”.

La dirección considera que no puede entrar en un debate sobre los editoriales, ya que se explican por sí mismos y son expresión de la línea editorial que se asienta en los principios fijados en el Libro de Estilo, y en lo que el director —como responsable de la misma— decide.

Cuando preparaba este artículo, me llegó un mensaje de Francisco Javier Ezquiaga, secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, en el que se quejaba de no haber recibido respuesta a una carta de rectificación. El motivo de la misma eran unas declaraciones incluidas en el reportaje La huella de la corrupción en España, que se publicó con gran despliegue en El País Semanal del 17 de enero. Lo firmaba José Luis Barbería. El texto comenzaba con una frase entrecomillada de Maite Carol, antigua interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que contribuyó a destapar, hace seis años, la trama de corrupción urbanística conocida como caso Pretoria. Carol describía lo ocurrido en la reunión en la que intentaron obligarle a firmar un informe urbanístico. “Era el mismo que yo había redactado pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que no haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó un bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar”.

• Hubiera sido preferible incluir las dos versiones contrapuestas

En su carta de rectificación, el secretario de dicho Ayuntamiento dice respecto a las afirmaciones de Carol: “Nada más falso. En la reunión a la que parece referirse la señora Maite Carol, el único informe que había era el informe que ella misma había redactado, del que no se había suprimido párrafo ninguno. Y ¡por supuesto que no le agarré la muñeca, ni traté de obligarla a firmar nada!”.

José Luis Barbería explica: “Tengo la duda de si no debería haber tratado de hablar con el secretario de ese Ayuntamiento. La escena que se describe en el reportaje de boca de Maite Carol no deja de ser un apunte ilustrativo en un texto de 11 páginas confeccionado con decenas de testimonios y personas aludidas, pero tiene un fondo comprometedor y cabía contar con que el afectado quisiera refutarlo. En mi descargo, diré que la versión de Maite Carol consta también en un acta judicial, ha sido corroborada por otra persona y parece avalada por los informes de los investigadores y por el comentario: ‘No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla’ grabado por los guardias civiles que tenían intervenido el teléfono del alcalde”.

Las explicaciones son convincentes, pero hubiera sido mejor recoger ambas versiones.