¿Y ahora quién cuidará el bosque?

Las últimas tres generaciones de colombianos que hemos dedicado la vida profesional a la conservación de nuestra inmensa riqueza natural, lo hemos hecho en medio del conflicto social y armado que ha modelado realidad del país desde hace 60 años. En esa realidad de guerra hemos visto como zonas enteras de bosques, humedales, páramos y sabanas tropicales dan paso a parcelas de miseria de las que la población rural marginal araña su sustento, cultivos de uso ilícito de donde la guerra saca su combustible, grandes monocultivos o potreros ineficientes a los que no ha llegado la ganadería moderna.

En nuestro quehacer visitamos, estudiamos y protegimos hermosos ejemplos de nuestros ecosistemas. Casi sin excepción, los lugares donde aún crece y se mantiene saludable nuestra biodiversidad están en lo que tradicionalmente llamamos los márgenes del desarrollo. Para llegar hasta nuestros sujetos de trabajo es necesario adentrarse en las zonas desconectadas de lo que la mayoría de personas reconoce como desarrollo, donde muchas veces el control sobre el territorio lo ejercen fuerzas distintas a las del Estado. Para llegar a las áreas que albergan los tesoros naturales más valiosos es necesario transitar por carreteras o trochas a medio hacer o navegar por ríos infinitos que se pierden en tierras donde imperan reglas propias y donde conviene entrar con “salvoconducto” social.

En esa Colombia, la biodiversidad sobrevive gracias a las geografías escarpadas y hostiles, a la malaria y otras enfermedades tropicales igual de letales, a la precaria condición de vías de acceso que juntos evitan la colonización masiva, a la heroica labor de las autoridades ambientales quienes crean y administran áreas protegidas con presupuestos irrisorios o la convicción de las comunidades que entienden la Naturaleza como fuente de vida y no como obstáculo para el desarrollo.

Comunidades valientes como la del río Tolo y Zona costera sur del municipio de Acandí, Costa Caribe en la frontera con Panamá, las redes campesinas de Simacota y las juntas de acueductos del Carmen y San Vicente de Chucurí en el corazón de la Cordillera de los Andes en Santander, las familias de Fucopromas en el sur de Bolívar, donde terminan los Andes en la cuenca Caribe o las iniciativas locales de conservación de Belén de los Andaquíes en el piedemonte amazónico son solo algunos ejemplos de comunidades que han protegido —incluso a costa de su vida— la destrucción de los ecosistemas que sostienen sus modos de vida. Como dice Aureliano Córdoba en Acandí: “Si no hay bosque, no hay vida, porque entonces no hay materia prima, que es el agua y empieza a haber dificultad con la vida”.

Nunca como hoy es imperativo ordenar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales

Estas personas han detenido la minería ilegal con sus dragas y su mercurio, la ganadería extensiva con inmensas extensiones para muy pocas reses, el cultivo para la producción de sustancias de uso ilícito... Todas estas actividades que enriquecen a unos pocos a costa del perjuicio para comunidades enteras, inclusive compensado la ausencia del Estado. En este grupo están también innumerables grupos indígenas para quienes religión, naturaleza y modos de vida están hechos del mismo material.

A las puertas del 2016, los colombianos vemos con esperanza el fin del conflicto armado, de la mano de la decisión estatal de aumentar en órdenes de magnitud la inversión social en el campo. Según un análisis presentado por el Departamento Nacional de Planeación, el 60% de la deforestación del país en el periodo 1990-2013, se concentró en municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto. Esta problemática se produce, sobre todo, en el occidente de la Amazonía (departamentos Putumayo, Caquetá y Meta), en el Pacífico colombiano (departamentos Chocó y Nariño principalmente), en el Magdalena Medio y en el departamento de Norte de Santander.

En consecuencia, en este escenario de paz, las prioridades de inversión se centrarán en lo que el Gobierno nacional llama las zonas de consolidación. Los municipios con este calificativo son territorios de gran valor ambiental y estratégico, con un alto potencial de desarrollo social y económico, ubicados en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, los cultivos ilícitos, y la débil presencia institucional. Un millón y medio de colombianos habitan en estos territorios. En el marco de la Cumbre de Cambio Climático en París 2015, el Presidente Juan Manuel Santos recibió las primeras donaciones para la constitución del programa Colombia Sostenible. Se trata de un ambicioso proyecto para desplegar inversión en las poblaciones que fueron escenario del conflicto armado, cultivos ilícitos, minería ilegal y deforestación.

Si este escenario se hace realidad, la geografía social de Colombia va a variar dramáticamente y con ella, las condiciones que han mantenido ciertas zonas protegidas de la destrucción de los hábitats naturales y el deterioro de condiciones de vida para la población que depende de estos. Es razonable esperar grandes movimientos migratorios hacia las zonas de inversión, de la mano de nuevas vías de penetración, interconexión eléctrica y oportunidades de crédito para el desarrollo agropecuario. Estos eventos generaran un aumento de la presión sobre los ecosistemas naturales —demanda por agua, madera, tierra, carne de monte— y conflictos con grandes mamíferos en vías de extinción.

Nunca como hoy es imperativo ordenar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales para evitar que al cabo de cinco años tengamos lo que hoy está pasando en San Vicente del Caguán (Caquetá), un piloto temprano de zonas de consolidación, donde los grandes ganaderos que entraron hace poco a la zona ya están buscando nueva tierra en Caquetá pues sus finca de San Vicente ya no son productivas. O lo que está pasando en Santo Domingo del Ramo, vereda del Carmen de Chucurí en Santander, donde más de 140 familias se quedaron sin agua en este fenómeno de El Niño, y la salvación llegó de una pequeña fuente de agua que sus habitantes han manejado ordenadamente.

Esta es la oportunidad para premiar y fomentar el modelo de desarrollo de las pequeñas comunidades que han demostrado que cuidar el bosque paga. Facilitar el acceso a créditos y seguros, con condiciones que estas comunidades puedan cumplir es un primer paso. El riesgo de repetir modelos que financiaron el enriquecimiento de los que ya eran ricos, como el nefasto Agroingreso Seguro, que llevó a altos funcionarios del Estado a la cárcel, es muy alto. Es la oportunidad de financiar de manera sostenida las acciones de conservación de las autoridades ambientales, para que estas puedan cumplir su obligación constitucional.

Este momento supone la convergencia de dos Colombias distintas; mal haríamos en ignorar aquella Colombia verde y biodiversa que ha estado al margen de la cotidianidad del colombiano de las ciudades, pero que ha sobrevivido a su manera con el recaudo adicional de una apreciación profunda del territorio. Ojalá los colombianos demostremos que tenemos la capacidad y el carácter para responder a este reto.