Cataluña y España

La nueva legislatura catalana se inicia bajo dos densas sombras. Una es la de la inestabilidad, siempre perniciosa, y no solo para la economía. El acuerdo alcanzado por los nacionalistas de Junts pel Sí y los antisistema de la CUP augura volatilidad: porque depende de la voluntad de los radicales, comprometidos a no votar contra el Ejecutivo, pero en ningún caso a no abstenerse o ausentarse. Pueden dejar en minoría al nuevo president, Carles Puigdemont, cuando y como quieran.

La otra sombra es aún más oscura. El programa asumido por este president es el mismo de su antecesor. Endosa, como base, la declaración de “desconexión” del 9 de noviembre, que incluye el desacato a la ley e instituciones españolas. Si bien Puigdemont juró solemnemente en sede parlamentaria que acataría la legalidad, el precedente de promesas similares luego vulneradas con la falsa excusa de que se referían a la legalidad catalana —como si fuese contrapuesta a la española— exige aclaraciones y especial vigilancia sobre su inmediato desarrollo.

Porque el problema no estriba en que exista un Gobierno autónomo secesionista: los ha habido antes, en Euskadi y en Cataluña (el último). La idea independentista por sí misma es inconveniente, pero es legítimo sustentarla, si su defensa se atiene al marco legal constitucional, como estableció por unanimidad el Constitucional en su sentencia sobre la declaración de soberanía.

En suma, el Ejecutivo catalán que se constituirá esta semana debe actuar dentro de la ley. La advertencia de que nadie debe extralimitarse en el desempeño de sus competencias lanzada por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es pertinente al respecto: en el límite, podría acabar en entredicho el propio autogobierno catalán. Y no es oportuno el comentario despectivo de Puigdemont: un Gobierno en funciones las tiene para gestionar asuntos ordinarios, sí. Y para afrontar emergencias.

Pero aquella precisión no basta. Además del problema de la legalidad permanece el asunto de la amplia opinión secesionista —pues incorpora a miles de ciudadanos— que no puede reconducirse solo jurídicamente; requiere de iniciativa política, como aquí venimos defendiendo. Y queda también la inversa sensación de vulnerabilidad o indefensión que puede afectar a la mayoría de la sociedad catalana, refractaria a la secesión.

Si en esta fase transitoria tras el 20D partidos y dirigentes toman iniciativas, como contribuciones positivas y no como meras líneas rojas, las adversidades pueden trocarse en oportunidad. Convendría tender puentes ya, al menos simbólicos, que dejen claro que de ninguna manera es España quien desconecta. No es seguro que a ello contribuya la recepción por escrito del nombramiento del president, en vez de en visita directa, por parte del jefe del Estado, que tenía una buena oportunidad de dejar clara su posición y su función.

En todo, para afrontar el reto catalán, conviene que España se dote de un Gobierno sólido (en el formato que los actores pacten), pero sobre todo proactivo, con tantas ideas, iniciativas y propuestas como sean precisas para desbloquearlo, primero, y reencauzarlo, después. No hay que esperar a que se pudra.