Diagnosticar, acordar... investir

Uno.Los electores han enviado un mensaje claro aunque no fácil de articular: no queremos que gobernéis como hasta ahora; no deseamos que decida solo un partido; tenéis que poneros de acuerdo porque vuestra obligación es resolver los problemas y no ser un problema más para el país. Pues bien, la experiencia enseña que para dar con los remedios que España necesita hay que partir de un diagnóstico común. Sin diagnóstico compartido, no hay posibilidad de acuerdo. Si unos piensan que estamos ante una gripe y otros que se trata de una hepatitis, no habrá manera de acordar el tratamiento adecuado. Si hay quien considera que debemos afrontar una legislatura ordinaria para ir resolviendo los asuntos corrientes de la gobernanza y otros consideramos que estamos ante asuntos extraordinarios que exigen medidas que afectan a nuestra convivencia y a algunas reglas del juego, será muy difícil ponerse de acuerdo. Porque, en el primer caso, sería suficiente, aunque nada fácil, con encontrar mayorías de un signo u otro, de derecha o de izquierda, para llevar adelante un programa de ese signo. En el segundo supuesto es evidente que serían necesarios amplios acuerdos previos, en contenidos y en actores, por lo menos durante un periodo acotado de tiempo, con el fin de abordar esos cambios. ¿Alguien cree, por ejemplo, que se puede reformar la Constitución o la ley electoral sólo desde la derecha o la izquierda? Sería un iluso o un ignorante quien así pensara.

Dos. Nuestro diagnóstico es que no estamos ante una legislatura ordinaria sino ante retos extraordinarios, que exigen grandes acuerdos. Y que eso es parte del mensaje que el pueblo español emitió el 20-D. Tenemos que acrecentar, desde la inversión pública y privada, un crecimiento económico sostenido que cree empleo de calidad; establecer con Europa una relación que fortalezca la posición de España; debemos tomar medidas urgentes para hacer frente a la pobreza y la desigualdad que atentan a la cohesión social y son éticamente inaceptables. No es asumible que la pobreza, en España, tenga rostro infantil. Hay que realizar una reforma fiscal progresiva que acabe con el escándalo de la evasión y un gran acuerdo sobre educación. Deberíamos abordar un plan de renovación democrática, de instituciones hoy escasas de prestigio, de erradicación de la corrupción. Tenemos que afrontar reformas constitucionales que blinden ciertos derechos sociales y aborden la cuestión territorial, en su aspecto de clarificar competencias; la solidaridad interterritorial; las reglas fiscales; la participación de las comunidades políticas en aspectos del gobierno común, mediante la mutación del Senado. Cuestiones sobre las que se puede llegar a acuerdos, entre todos, si hay voluntad política. Por el contrario, plantear el derecho de autodeterminación no es reformar la Constitución sino plantear otra diferente, lo que haría cualquier consenso inviable.

No se puede pedir al PSOE o al PP, ni a nadie, que apoyen o se abstengan para que otro gobierne

Tres. Abordar y resolver estos temas no es posible sin un diálogo amplio entre todas las fuerzas políticas antes de la investidura. No después. La cuestión está desenfocada si la planteamos, desde el principio, en los términos de quien —si Rajoy o Sánchez— obtienen los 176 votos de la investidura, o quien obtendría la mayoría simple sobre la pretensión de que otro se abstenga. No se puede pedir al PSOE o al PP, ni a nadie, que apoyen o se abstengan para que otro gobierne; así, sin más, por “responsabilidad” o “altura de miras”, como se dice interesadamente. O pretender que primero hay que investir a alguien y después ya se negociará. Por eso, si queremos salir del atolladero primero hay que llegar a esos grandes acuerdos, si el diagnóstico compartido indica que eso es lo que el país necesita. Luego vendrá la cuestión de cómo llevarlos a la práctica y cómo se controla su cumplimiento. Tema sobre el que existen diferentes fórmulas y amplia experiencia que, lógicamente, habrá también que negociar como parte de la solución. Pero si no hay un diagnóstico común o no se tiene la lucidez de llegar a acuerdos para un periodo concreto es de temer que acabaremos en nuevas elecciones. La ciudadanía premiará a quien intente ese gran acuerdo y sancionará a quien le ponga obstáculos. Esperemos que los líderes actuales tengan la inteligencia y, por qué no decirlo, el patriotismo democrático que se tuvo en el 78, salvando todas las distancias con aquel momento.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y Diego López Garrido es presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

I. Los electores han enviado un mensaje claro aunque no fácil de articular: no queremos que gobernéis como hasta ahora; no deseamos que decida solo un partido; tenéis que poneros de acuerdo porque vuestra obligación es resolver los problemas y no ser un problema más para el país. Pues bien, la experiencia enseña que para dar con los remedios que España necesita hay que partir de un diagnóstico común. Sin diagnóstico compartido, no hay posibilidad de acuerdo. Si unos piensan que estamos ante una gripe y otros que se trata de una hepatitis, no habrá manera de acordar el tratamiento adecuado. Si hay quien considera que debemos afrontar una legislatura ordinaria para ir resolviendo los asuntos corrientes de la gobernanza y otros consideramos que estamos ante asuntos extraordinarios que exigen medidas que afectan a nuestra convivencia y a algunas reglas del juego, será muy difícil ponerse de acuerdo. Porque, en el primer caso, sería suficiente, aunque nada fácil, con encontrar mayorías de un signo u otro, de derecha o de izquierda, para llevar adelante un programa de ese signo. En el segundo supuesto es evidente que serían necesarios amplios acuerdos previos, en contenidos y en actores, por lo menos durante un periodo acotado de tiempo, con el fin de abordar esos cambios. ¿Alguien cree, por ejemplo, que se puede reformar la Constitución o la ley electoral sólo desde la derecha o la izquierda? Sería un iluso o un ignorante quien así pensara.

 II. Nuestro diagnóstico es que no estamos ante una legislatura ordinaria sino ante retos extraordinarios, que exigen grandes acuerdos. Y que eso es parte del mensaje que el pueblo español emitió el 20-D. Tenemos que acrecentar, desde la inversión pública y privada, un crecimiento económico sostenido que cree empleo de calidad; establecer con Europa una relación que fortalezca la posición de España; debemos tomar medidas urgentes para hacer frente a la pobreza y la desigualdad que atentan a la cohesión social y son éticamente inaceptables. No es asumible que la pobreza, en España, tenga rostro infantil. Hay que realizar una reforma fiscal progresiva que acabe con el escándalo de la evasión y un gran acuerdo sobre educación. Deberíamos abordar un plan de renovación democrática, de instituciones hoy escasas de prestigio, de erradicación de la corrupción. Tenemos que afrontar reformas constitucionales que blinden ciertos derechos sociales y aborden la cuestión territorial, en su aspecto de clarificar competencias; la solidaridad interterritorial; las reglas fiscales; la participación de las comunidades políticas en aspectos del gobierno común, mediante la mutación del Senado. Cuestiones sobre las que se puede llegar a acuerdos, entre todos, si hay voluntad política. Por el contrario, plantear el derecho de autodeterminación no es reformar la Constitución sino plantear otra diferente, lo que haría cualquier consenso inviable.

III. Abordar y resolver estos temas no es posible sin un diálogo amplio entre todas las fuerzas políticas antes de la investidura. No después. La cuestión está desenfocada si la planteamos, desde el principio, en los términos de quien —si Rajoy o Sánchez— obtienen los 176 votos de la investidura, o quien obtendría la mayoría simple sobre la pretensión de que otro se abstenga. No se puede pedir al PSOE o al PP, ni a nadie, que apoyen o se abstengan para que otro gobierne; así, sin más, por “responsabilidad” o “altura de miras”, como se dice interesadamente. O pretender que primero hay que investir a alguien y después ya se negociará. Por eso, si queremos salir del atolladero primero hay que llegar a esos grandes acuerdos, si el diagnóstico compartido indica que eso es lo que el país necesita. Luego vendrá la cuestión de cómo llevarlos a la práctica y cómo se controla su cumplimiento. Tema sobre el que existen diferentes fórmulas y amplia experiencia que, lógicamente, habrá también que negociar como parte de la solución. Pero si no hay un diagnóstico común o no se tiene la lucidez de llegar a acuerdos para un periodo concreto es de temer que acabaremos en nuevas elecciones. La ciudadanía premiará a quien intente ese gran acuerdo y sancionará a quien le ponga obstáculos. Esperemos que los líderes actuales tengan la inteligencia y, por qué no decirlo, el patriotismo democrático que se tuvo en el 78, salvando todas las distancias con aquel momento.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y Diego López Garrido es presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.