La paz no llega a la RDC

El pasado día 29 de noviembre, 30 personas, incluyendo un soldado de la brigada de intervención de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, MONUSCO, murieron durante un enfrentamiento del ejército congolés y las fuerzas de la ONU con los rebeldes de la Allied Democratic Forces (ADF), en el noreste de la RDC.

Según fuentes locales, desde octubre de 2014, al menos 500 civiles han sido asesinados en la zona, la mayoría de ellos en ataques nocturnos perpetrados por los insurgentes a golpe de machetes y hachas.

Este último asalto conocido tuvo lugar en un pueblo llamado Erigeti, a 55 kilómetros al norte de Beni. En él la ADF atacó un cuartel militar, según informó el Centro de Estudios para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos humanos, un grupo que documenta la violencia en la provincia del Kivu Norte.

El ADF es un grupo rebelde nacido en Uganda alrededor de 1988 y formado por personas que no encontraban su lugar en la sociedad tras la caída de Idi Amin. En la actualidad la mayoría de sus miembros son islamistas que quieren imponer la ley islámica (Saria) en Uganda. Sin embargo, desde hace tiempo opera en la zona de las Montañas Rwenzori, en el este de la RDC. No se conoce con exactitud sus financiadores aunque en el pasado fue muy activo en el tráfico ilegal de madera y oro en la frontera entre Uganda y la RDC. Se cree que en la actualidad el grupo cuenta con unos 500 combatientes pero el secretísimo que rodea a la organización y estructura del mismo hace muy difícil conocer con exactitud la fuerza con la que cuenta. En 2001, el gobierno ugandés ofreció amnistía y reinserción a los miembros del ADF, la cual ha sido rechazada hasta el momento.

En enero de 2014, el ejército congolés y las fuerzas de Naciones Unidas lanzaron la Operación Sokola, una ofensiva contra la ADF en la zona de Beni. En Lingala Sokola significa “limpieza”.

La mayoría de los campamentos de la ADF fueron destruidos en los primeros meses de la operación y al menos 60 combatientes del grupo fueron hechos prisioneros. ADF quedó bastante debilitada pero no desapareció y en octubre empezó un contraataque que ya dura más de un año.

Estas noticias coinciden con la evidencia de que el último programa de desmovilización de la RDC no está funcionando. Diseñado para devolver a la vida civil a miles de combatientes rebeldes se ha visto afectado por retrasos y está sujeto a fuertes restricciones de financiación y a la inseguridad que afecta al país.

A pesar de que la guerra de la RDC se dio por terminada en 2008, todavía existen más de 65 grupos armados en activo en el este del país, tres veces más que en aquel momento.

Casi 5.000 combatientes, de los 12.000 a los que está dirigido, se han enrolado en este programa de Desarme, desmovilización y reintegración, conocido como DDRIII, y se encuentra en dos centros de desmovilización. Muchos de ellos se rindieron a las fuerzas gubernamentales en 2013, mucho antes de que este programa se iniciara, ante el temor de una gran operación de limpieza del ejército congolés.

La fase preliminar de DDRIII comenzó en mayo de este año y los que participan en ella, hasta el momento solo han recibido cursos de alfabetización y educación para la ciudadanía, y apoyo psicológico.

Este programa intenta suplir los fallos de los dos anteriores, puestos en marcha en 2004 y 2009, para ello quiere destinar más recursos y prestar más atención a las fases de aprendizaje de oficios y de reintegración. Así, los beneficiarios tendrán un mayor abanico de posibilidades donde elegir de cara a su formación, al igual que decidir la localización de su reintegración. El objetivo es que al final del proceso los ex combatientes puedan establecer su propios talleres o negocios, los cuales deben beneficiar a la comunidad en la que se reintegran.

De ahí que otra de las nuevas prioridades de DDRIII sea sensibilizar a las comunidades locales de los beneficios que el programa aporta para así contar con su colaboración a la hora de reintegrar a los ex combatientes. En los intentos anteriores falló este aspecto y la población civil tuvo la percepción de que los beneficiados recibían dinero por el mero hecho de haber luchado.

El programa cuenta con el apoyo del Banco Mundial que en mayo concedió 15 millones de dólares para apoyar la reintegración social y económico de los ex combatientes desmovilizados, ayudar a reconstruir comunidades y familias y apoyar la consolidación del proceso de paz en la RDC.

Seis meses después no está nada claro cuánto dinero del prometido se ha desembolsado ya que todavía, por ejemplo, no han llegado los fondos para la construcción de los centros donde se impartirá la formación profesional.

En los proyectos anteriores, el retraso en la llegada de fondos propició que muchos ex combatientes regresaran a las armas.

Quizás estos fallos estén detrás del hecho de que desde mayo 2015 solo 150 combatientes se hayan unido al DDRIII. Otras razones pudieran ser que la anunciada operación del ejército congolés contra los grupos rebeldes que operan en el este de la RDC resultó ser mucho menos fuerte de lo esperado. También puede ser decisiva la condición en la que se encuentran los centros de desmovilización. Ya en octubre de 2014 Human Rights Watch informó de que al menos 42 combatientes desmovilizados, 5 esposas y 57 niños habían muerto de hambre y enfermedades en uno de los centros cuando los oficiales no les proveyeron con comida y servicios sanitarios.

El otro elemento que está resultando un obstáculo para este proceso es la inseguridad que se vive en el este de la RDC donde grupos como el ADF siguen en activo y campando a sus anchas a pesar de los esfuerzos del ejército.

Algunos expertos dudan que se se pueda llevar a cabo un proceso de desmovilización y desarme mientras el conflicto siga activo y que, por eso, habría que poner más esfuerzo en asegurar primero la paz. Para ello se pide que se fortalezcan las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, al mismo tiempo que se introducen reformas políticas que permitan una mayor participación de todos los ciudadanos y grupos en disputa.

Uno de los fallos que se achacan a los intentos de DDR anteriores es que se permitiera a muchos insurgentes, incluso a aquellos conocidos por haber cometido graves violaciones de los derechos humanos, unirse al ejército nacional, algunos de ellos conservando sus rangos, como alternativa a volver a la vida civil. Este condujo a una mayor violencia ya que se consistió que los contingentes mantuvieran sus estructuras y permanecieran en los territorios que antes controlaban. Esto originó el surgimiento de grupos de autodefensa lo que incrementó la violencia y la inseguridad.