Votar a los 16 años

Esta entrada ha sido escrita por Marta Martínez Muñoz, socióloga, activista en derechos de la infancia y fundadora de Enclave. @DDHH_Infancia

Recuento de votos en un colegio electoral durante las elecciones municipales de mayo de 2015. Imagen: B. de la Banda

En 2014 escribía Pablo Simón en Politikon que el derecho al voto a los 16 años es un tema muy poco presente en el debate político. Este año 2015, uno de los de mayor intensidad electoral de los últimos tiempos, trae varias circunstancias que sugieren la pertinencia de abrir el debate: el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, hoy 20 de noviembre en la antesala de la campaña electoral, y el 26to aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990.

Entre otros muchos, la Convención recoge en los artículos 12 a 17 los derechos civiles o políticos (opinión, participación, asociación libertad de conciencia y libertad de información). La efectividad de estos en España ha tenido menor recorrido.

Si bien la mayoría de los países han establecido la edad mínima para el voto en 18 años, existen algunas excepciones. Los países en los que el derecho a voto se alcanza a una edad más temprana son Irán (15), Cuba (16), Indonesia y Argentina (17). En Bolivia y Ecuador el voto (de carácter obligatorio) es optativo entre los 16 y 17 años. En otros países el derecho se alcanza a una edad más tardía: Jordania (19), Camerún y Japón (20) y Costa de Marfil, Kuwait, y Sierra Leona (21).

En Europa solo dos países tienen reconocido el derecho al voto a los 16: Austria (desde 2007) y Chipre (donde el voto además es obligatorio). En el referéndum escocés de octubre de 2014 también se convocó a los mayores de 16 años.

En esta línea, el pasado 12 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe que llama al voto a los 16 años ya finales de este mes se prevé una recomendación del Consejo Europeo en la misma línea en el marco de una iniciativa que contempla la armonización de las reglas electorales en la UE.

Las tesis defensoras de la reducción de la edad para el ejercicio del sufragio que equiparan derechos y obligaciones (por ejemplo, la posibilidad de trabajar a los 16 años, coincidiendo con la edad de finalización de la enseñanza obligatoria) deberían de hacerse espacio en el debate político. Esto conllevaría varios beneficios, por citar solo alguno: conseguir una mayor vinculación entre el interés en la política y la participación directa en la toma de decisiones o aumentar la sensibilidad de los partidos políticos a las demandas de orden político, económico y social de los más jóvenes. Las y los jóvenes lo han expresado en el marco de diferentes movilizaciones de estudiantes en España. Son contundentes: “Si pudiéramos votar, los políticos pensarían más en nosotros”.

En España, han apostado de momento el Sindicato de Estudiantes o el Consejo General de la Juventud. Una iniciativa del área de Juventud de Izquierda Unida (“En la calle y en las urnas, nos rebelamos”) fue finalmente aceptada, y por primera vez, se incorporó al programa electoral de las pasadas elecciones de 2011 de dicha agrupación. A la fecha, IU ha sido el único partido que ha incluido esta reivindicación en un programa electoral. En 2012, el PSOE lo discutió en su ponencia marco del Comité Federal y en estos días parece que se vuelve a abrir el debate (aquí y aquí) sin que hasta el momento se haya tomado una decisión al respecto.

Casi nadie duda de que necesitamos un proceso de regeneración de la política que debe incluir también su rejuvenecimiento. Además el reconocimiento del voto a los 16 años debería de entenderse como una forma de atajar la desafección que también los adolescentes sienten por las cuestiones políticas e incorporar a una buena parte de la ciudadanía a la construcción de la misma expandiendo sus derechos y promoviendo de una forma más gradual el ejercicio de sus derechos políticos.

Las niñas y niños, adolescentes y jóvenes son protagonistas de sus vidas y ya han sido reconocidos jurídicamente como sujetos políticos. Pero para hacerlo efectivo, es necesario que dejen de ser tratados con una lógica de minoridad, tan instalada en el imaginario adultocéntrico (el adultocentrismo es a la infancia como el patriarcado a las mujeres). Estos días, en el marco de diferentes debates, hemos visto como numerosos políticos usan el término “infantil” (que pertenece o es relativo a la infancia) como sinónimo para calificar actitudes irresponsables de sus adversarios. Desde la sociología de la infancia hemos dado buenas muestras de que no son menores sino sujetos de derechos. Muchos deberían dejar de asociar lo infantil con lo incapaz, la moratoria política (“son el futuro” dicen aún), lo irresponsable, la minoridad, lo inmaduro, lo inacabado, los human becomings y apostar responsablemente por abrir este debate en España como ya nos advierten desde la UE.

Si no nos ponemos a ello, quizás nos ocurra como en Perú. Hace unos días, los niños, niñas y adolescentes irrumpieron de forma lúdica en el Congreso cansados de que, tras más de ocho años de la campaña “Infancia Sin Castigo, Infancia Sin Violencia”, no haya habido aún un debate para promover una ley contra el castigo físico humillante. Se presentaron bajo el oportuno lema “Nos cansamos de esperar” porque cuando los chavales se organizan son imparables.

Puede que en España también se cansen de esperar y a algunos les va a pillar con su hegemónico adultismo no superado. Puede que sean “menores” de edad para el ejercicio del voto, pero ya están participando de la vida democrática y construyendo su cultura de indignación.