Acusación contra Rusia: dopaje de Estado sistemático

Dick Pound, un abogado canadiense, miembro del establishment de la dirigencia deportiva desde hace décadas, desenterró ayer en la simbólica Ginebra, como no podía ser menos, los miedos de la guerra fría y el temor a los métodos soviéticos y a su temida KGB. Todo ello personalizado en la figura de Vladímir Putin, un presidente capaz de enviar a la policía secreta rusa, que ahora se llama FSB, a amenazar y amedrentar a los químicos que en los laboratorios antidopaje de Moscú y de Sochi se encargaban de analizar las orinas y sangres de sus deportistas en busca de sustancias prohibidas.

“Estamos hablando de dopaje de Estado, que, desde los tiempos de la Unión Soviética, está profundamente enraizado en el deporte ruso”, dijo Pound, autor de un larguísimo informe sobre uno de los capítulos más desoladores en la interminable historia de la corrupción en el deporte. Pound vino a decir que el ministro de Deportes ruso dirigía todo un sistema para tapar el dopaje de sus figuras, a las que, de paso, matando dos pájaros de un tiro, aprovechaban para extorsionar obligándoles a pagar por una declaración de limpieza. Los rusos tenían un laboratorio clandestino en Moscú para comprobar la fiabilidad de sus métodos de dopaje y destruyeron más de 1.417 muestras cuando oyeron que los policías de la Agencia Mundial Antidopaje pretendían meter su nariz en sus asuntos.

Como se ve, un relato magnífico de malignidad y conducta antideportiva que habrá hecho las delicias de los biempensantes y de los ingenuos que aún confían en la posibilidad de una policía mundial única independiente y justa, y que podrían olvidar, confortados con la idea de que el peligro ruso está controlado, que las miserias encontradas bajo la alfombra de la respetabilidad moscovita, aunque reales, son limitadas. En su informe, Pound tiene la honradez de reconocer que el dopaje de Estado o el dopaje organizado ni está circunscrito a la vieja Rusia ni al atletismo. De hecho, una parte de su investigación, no hecha pública, hace referencia al papel que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha podido interpretar en el drama de sobornos y extorsión.

Aunque solo el expresidente de la IAAF, el anciano senegalés Lamine Diack, de 82 años, está imputado por el juez anticorrupción francés, acusado de embolsarse más de un millón de euros a cambio de tapar casos de rusos sospechosos de dopaje, conviene no olvidar que su sucesor en el cargo desde agosto, el británico Sebastian Coe, fue durante años su primer vicepresidente. De Coe, que jura estar tan sorprendido como cualquier lego por la amplitud del escándalo, aunque su cargo le habría obligado a enterarse de algo, tampoco habla el informe. Como se demuestra recordando que la otra gran federación deportiva mundial, la FIFA, también está en manos de jueces y fiscales que indagan y buscan castigar sus escándalos. La corrupción no conoce fronteras ni raíces históricas, sino que quizás forme parte inevitable del sistema que el deporte profesional ha decidido que más le convenía.