Algarada institucional

Los pasos que se están dando en la judicialización del conflicto político en Cataluña confirman la incapacidad de encauzarlo con sensatez. La coincidencia con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys por la dictadura de Franco —extraña decisión del juez, que citó a Artur Mas para una fecha tan simbólica— le ha permitido acompañarlo con una efusión de sentimentalidad patriótica y adornarse con un aura heroica e incluso martirial.

Mas se está aprovechando precisamente de los trámites del proceso judicial instado desde el Ejecutivo, con los cuales el president intenta mudar el declive electoral de su partido en victoria personal. Para ello se sirvió ayer del Govern, de más de 400 alcaldes, vara en ristre, y de las cúpulas de las organizaciones independentistas. Pero nadie sensato debería aplaudir lo que tiene todas las características de acto arbitrario y desconsiderado para la opinión y las personas que dependen de los cargos públicos: es decir, de una alcaldada.

Es frecuente que personas o grupos privados acudan ante los edificios de los tribunales cuando se producen juicios o diligencias. Tampoco es la primera vez que se usa con finalidad política. La diferencia es que, en esta ocasión, se trata de una utilización a las claras del poder ejecutivo contra el judicial. Y con los consejeros de Justicia e Interior en primera fila, especialmente contraindicados para alguien que se precie de preservar el mínimo de neutralidad exigible a las Administraciones públicas, que no son el coto de nadie.

El president imagina que este comportamiento es signo de la fuerza que confieren su liderazgo y una ciertamente compleja mayoría parlamentaria. Se equivoca: lo único que lo hace posible es el abuso. No se puede lanzar a la justicia un desafío parecido al usted no sabe con quién está hablando. Jordi Pujol ya utilizó las instituciones y las mezcló con el sentimiento nacional de Cataluña para presionar a un tribunal, que terminó bloqueando la querella por el caso Banca Catalana. Pujol sacó rédito electoral de aquella manipulación y Mas le sigue los pasos, para apuntalar su continuidad al frente de la Generalitat.

Porque las maniobras de Mas tienen evidentes finalidades políticas. De una parte, el baño de multitudes institucionales refuerza su imagen en el seno del independentismo. Y de otra, intenta cohesionar el movimiento que encabeza. Sin embargo, jurídicamente no se ofrece a sus leales para ningún holocausto numantino; asume la responsabilidad por la convocatoria y realización del 9-N, pero la diluye en los voluntarios que la “ejecutaron” —son sus palabras—, tratando de conducir la investigación hacia un callejón sin salida.

La ceremonia de fervor independentista le sirve para ocultar la pobreza de sus resultados electorales, las dificultades para la investidura y para empezar una legislatura estable, siempre a expensas del anticapitalismo y el antieuropeísmo de la CUP; y para seguir manteniendo ese desafío que él denomina con el Estado, pero que fundamentalmente es con el Gobierno de Rajoy, de cuya torpe actuación se alimenta también este proceso soberanista sin rumbo ni salida.