España ante el 27-S

La historia de un fracaso compartido: eso es lo sucedido en los últimos años entre la Generalitat y el Gobierno central. Por supuesto, la gran responsabilidad recae en el Gobierno de la Generalitat y las fuerzas políticas y sociales que le han dado apoyo. Pero, a otro nivel, el Gobierno central no ha hecho esfuerzo político alguno para encauzar el problema. Sin querer equiparar la responsabilidad de ambos, ni uno ni otro, cada uno en su ámbito, han estado a la altura de las circunstancias.

La Generalitat no ha estado a la altura porque su Gobierno ha actuado de un modo populista y victimista, ha forzado al máximo la presión sobre las instituciones de la sociedad catalana y sobre los medios de comunicación para dar a entender que en Cataluña el deseo de independencia era prácticamente unánime. Los elementos utilizados para ello han sido, entre otros, el sesgado cálculo de las balanzas fiscales, la demagogia sobre el maltrato económico a Cataluña, el falseamiento de la historia en la conmemoración del año 1714, expresiones insultantes como el lema España nos roba, que fácilmente pueden generar resentimiento entre ciudadanos, o el uso de símbolos como instrumentos partidistas en vez de como lazos de unión.

Cabe destacar también el perjuicio a la ética política que ha provocado el desprecio por el derecho, al situar una supuesta voluntad del pueblo por encima de leyes y sentencias, incumplidas además ostentosamente por las autoridades catalanas, así como la simplificación de la idea de democracia al dejarla reducida al ejercicio de un genérico derecho a votar, con menosprecio de los principios de legalidad, representación política, pluralismo y división de poderes, esenciales e insustituibles en cualquier Estado democrático de derecho. Las tensiones y fracturas que todo ello ha suscitado son responsabilidad del Gobierno de la Generalitat.

Por su lado, el Gobierno español tampoco ha estado a la altura de las circunstancias porque ha permanecido impasible ante tal situación, sin adoptar ningún gesto o medida de acercamiento, no tanto a las instituciones desleales de Cataluña, sino a sus ciudadanos, también ciudadanos españoles, que se han sentido faltos de ayuda y apoyo. Lo que esperaban muchos catalanes del Gobierno de España eran réplicas rigurosas a los argumentos nacionalistas (balanzas fiscales, presunta discriminación económica, tergiversaciones históricas, permanencia en la UE), informes de respetados especialistas sobre las consecuencias económicas, jurídicas y cívicas de una ruptura territorial, así como una mayor cercanía emocional. Nada de esto ha hecho el Gobierno de España. Simplemente se ha limitado, en los supuestos más llamativos, a interponer recursos judiciales —un estricto deber, por lo demás— que han resultado insuficientes para evitar que se instalara en la mentalidad de muchos catalanes la idea de que una ruptura era posible, fácil y conveniente.

Ni de una parte ni de otra, además, se ha querido considerar que en el desarrollo de los acontecimientos durante estos últimos años ha influido, y tal vez de manera determinante, el clima social, económico y político que ha dominado en España. He aquí otra consecuencia de la crisis económica e institucional: interesadamente magnificada para la ocasión, ha aportado nuevos motivos para la separación, poniendo en cuestión las bases constitucional, económica, social y cultural del conjunto. Dicho coloquialmente: sólo en una España que funcione bien recuperará la sociedad catalana su vitalidad, empuje y sensatez.

Hay que recuperar el ímpetu intelectual y el coraje civil, político y moral de la Transición

Ha llegado, pues, el momento de reflexionar con urgencia sobre las reformas que pueden resultar convenientes, desde cambios en la Constitución hasta cambios hoy necesarios en economía, educación y cultura, Estado del bienestar, con el objetivo de contribuir a un aumento de la riqueza y a la reducción de la desigualdad social. La nueva etapa de la vida española debe estar presidida por un espíritu reformista, que recupere el ímpetu intelectual y el coraje civil, político y moral, de los mejores pasajes de la Transición.

Únicamente así podrá superarse el mal llamado problema catalán. Y mejor confiar más en el empuje de la sociedad, de los individuos que la componen, que esperarlo todo, pasivamente, de las instituciones públicas. Estas instituciones nunca desempeñarán su función adecuadamente sin unos ciudadanos que las impulsen, las controlen, participen en ellas y, a través de los mecanismos democráticos, las lideren. La clase política no puede distanciarse tanto de la sociedad como ha sucedido en la última década, pero tampoco la sociedad debe despreciar tanto a los políticos, escogidos directa o indirectamente por los ciudadanos, en cierta manera su propio reflejo. Regenerar implica, ante todo, reformar las instituciones públicas y dinamizar la vida social.

La solución, en todo caso, exigirá pedagogía democrática y cambios en el modelo territorial de Estado. Estos cambios deben basarse en los valores de libertad e igualdad de los ciudadanos, no en el cultivo ensimismado y narcisista de las pequeñas diferencias, con frecuencia más inventadas que reales. Un Estado es sólo un instrumento para garantizar esta libertad y esta igualdad, inseparables de la solidaridad, y no es su misión fomentar moldes identitarios que suelen oponer límites ilegítimos al ejercicio de los derechos fundamentales basados en dichos valores. Una sociedad libre nunca es homogénea sino que es plural. Plural es Cataluña, plural también el resto de España, plural el conjunto de ambas. Una sociedad en la que los individuos disfruten de iguales derechos es la única garantía para superar conflictos territoriales.

La sociedad catalana sólo recobrará su vitalidad, empuje y sensatez en una España que funcione bien

Es la hora de defender la nación constitucional, es decir, al conjunto de los españoles unidos por los principios y reglas de la Constitución. Esta nación necesita reformas que mejoren la articulación y el funcionamiento del Estado en el que está organizada. Esta nación es nuestro ámbito de convivencia y su quiebra supondría la ruptura de esta convivencia, nos conduciría hacia divisiones y enfrentamientos que no beneficiarían a nadie y perjudicarían a todos.

La nación constitucional no es el conjunto de españoles a la búsqueda de una pretendida identidad colectiva basada en la lengua, la cultura o la tradición histórica, sino el conjunto de ciudadanos unidos por los valores constitucionales, los grandes valores provenientes de la Ilustración: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, el pluralismo ideológico, político y cultural. El Círculo Cívico de Opinión defiende esta idea de nación constitucional como el mejor antídoto de fracturas internas y, al tiempo, subraya la necesidad de mostrarse abierto a todas las reformas constitucionales e institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento de nuestro Estado.

Francesc de Carreras, profesor de Derecho Constitucional, y José Luis García Delgado, catedrático de Economía, en representación del Círculo Cívico de Opinión.