Caen los secretos del atentado contra Greenpeace

No es nada habitual que los espías, profesionales del secreto, hablen en público. Pero la regla del mutismo ha sido rota por uno de los 12 agentes que Francia desplazó para sabotear el Rainbow Warrior, el navío emblemático de Greenpeace. Ahora ha dado la cara el coronel retirado Jean-Luc Kister, capitán en la época de los hechos, quien reconoce haber colocado las cargas explosivas que acabaron con la vida de Fernando Pereira, fotógrafo y militante del medio ambiente, y con el barco.

El atentado, organizado para cortar la campaña contra los ensayos de armas nucleares en el Pacífico, se produjo el 10 de julio de 1985. El Rainbow Warrior se encontraba en Auckland (Nueva Zelanda), preparado para protestar por las pruebas en el atolón de Mururoa, cuando un equipo de submarinistas de combate colocó dos minas en el casco del navío, que provocaron su hundimiento y la muerte del militante.

La revelación de que militares franceses habían puesto las bombas se publicó dos meses después en Le Monde. El jefe del Estado, François Mitterrand, condenó los hechos, pero dimitieron el jefe de los servicios secretos y el ministro de Defensa de la época, Charles Hernu. Como suele ocurrir cuando se oculta la razón de Estado, otros limitaron la responsabilidad francesa a una simple operación de vigilancia o relativizaron las informaciones publicadas, como si las dimisiones fueran un sacrificio forzado por un injusto incendio mediático.

Ahora, el militar que colocó las minas pone los puntos sobre las íes. Explica que las dos explosiones fueron programadas para obligar a la evacuación del navío, la primera, y la segunda para hundirlo, con el imprevisto de una muerte. Al mando de ese equipo se encontraba el autor de la confesión y del mismo formaba parte otro capitán, Gérard Royal, hermano de Ségolène Royal —hoy ministra de Ecología—. Sorprende la revelación de que los servicios secretos eran menos halcones que el poder político: aquellos proponían dañar la hélice del navío ecologista, pero recibieron órdenes de acabar con aquel asunto de una vez por todas. Su testimonio confirma la responsabilidad del Estado al más alto nivel, si bien no permite precisar qué conocimiento exacto tenía Mitterrand. Francia hubo de indemnizar a la familia de la víctima y tuvo que negociar a fondo para recuperar a otros dos de los saboteadores, arrestados en Nueva Zelanda.

El coronel ha pedido perdón a la familia de la víctima (“tengo la muerte de un inocente sobre mi conciencia”), a Nueva Zelanda y a Greenpeace. La confesión se ha difundido en la televisión neozelandesa y en la web francesa Mediapart, dirigida por Edwy Plenel, el periodista que reveló el escándalo cuando trabajaba en Le Monde (en un artículo firmado junto a Bertrand Le Gendre). Nada es más lento en periodismo que investigar, pero existen ocasiones como esta en que bien vale felicitarse de que la verdad sobre un sucio asunto se complete. Así que pasen 30 años.