Desahucios forzados, lacra de los residentes pobres
El pasado viernes, cientos de familias residentes en el suburbio de Mathare, en la zona este de Nairobi, Kenia, eran desalojadas sin previo aviso por parte de las autoridades de la ciudad. Pero los mismos episodios e imágenes de máquinas excavadoras destruyendo casas de barro, chapas o ladrillos, se repiten en diferentes ciudades del planeta. Hace escasas semanas ochocientas casas eran demolidas en un barrio informal de Islamabad, en Pakistán, dejando a miles de personas sin sus hogares. La misma suerte corrieron recientemente los residentes de Kampung Pulo, en Jakarta, Indonesia, tras ser desalojados por orden gubernamental. Pero también las autoridades de París amenazan a los cerca de trescientos inmigrantes de Hungría y Rumanía del "Samaritain", el asentamiento informal más antiguo de la ciudad, de demoler sus casas. Todos ellos tienen dos cosas en común:
- Son pobres
- Residen en barrios pobres de ciudades que priorizan la especulación inmobiliaria por encima del desarrollo sostenible y el bienestar de sus ciudadanos.
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 1966, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Habitat I, celebrada en Canadá en 1976, o Habitat II, celebrada en Turquía en 1996, han ido recogiendo paulatinamente el derecho a la vivienda adecuada, a los servicios adecuados, y más recientemente al desarrollo sostenible en asentamientos humanos.
Sin embargo el derecho a la vivienda no está garantizado a los residentes más pobres de las ciudades, organizados mayoritariamente en asentamientos informales. De todas las personas que viven en ciudades a nivel mundial, una media del 25% viven en slums o barrios con condiciones de vida muy precarias. Pero en algunos puntos del planeta, como es el caso de África, las cifras de residentes en slums pueden ascender alrededor del 70% de la población. Por ello, es esencial atender las dinámicas que atañen a esta mayoría pobre que vive en las áreas metropolitanas de las ciudades.
En las actuales metas y objetivos del desarrollo sostenible hay uno, el número 11, que ya os presentamos en Planeta Futuro, que se dirige directamente a mejorar la vida de los habitantes de los barrios pobres: "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible".
La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce, en su resolución 1993/77, que los desahucios forzados son "una práctica que inflige un daño grave y desastroso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de muchas personas, tanto en calidad de individuos como de colectividades". Problema global que afecta directamente a los ciudadanos más pobres, su solución será en los próximos años, uno de los indicadores básicos del desarrollo sostenible de las ciudades.
