Acceso a la sanidad

La amenaza de multas millonarias de la Unión Europea contra las comunidades autónomas que han decidido ofrecer asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles es un despropósito que revela el nerviosismo del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante la posibilidad de que el cambio político en diversas comunidades tras las elecciones autonómicas se extienda a las próximas legislativas. Las palabras del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, alertando de las consecuencias “catastróficas” que tendrá la decisión, más bien parecen un intento de poner diques de contención a lo que se vislumbra como una marea de mayor calado: la decisión de los siete Gobiernos autónomos que han cambiado de color de revertir lo que consideran políticas antisociales aprobadas por el Gobierno en la legislatura que termina.

La decisión de excluir a los inmigrantes de la sanidad pública (salvo menores, embarazadas y urgencias) fue impuesta por el PP gracias a su mayoría absoluta mediante un real decreto que se tramitó en 2012 por vía de urgencia, sin debate parlamentario y sin posibilidad de que la oposición pudiera presentar enmiendas. Junto a esta medida, el Gobierno introdujo un cambio esencial que afecta a uno de los pilares del sistema público español: su carácter universal. Por esta razón, en marzo pasado, todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos, suscribieron el compromiso de devolver a la sanidad española el carácter universal que nunca debió perder.

Con estos antecedentes, no es extraño que algunos Gobiernos autónomos, en el pleno ejercicio de sus competencias, hayan decidido otorgar la tarjeta sanitaria a inmigrantes empadronados, como vienen haciendo ya otras comunidades que decidieron desde el principio no aplicar el decreto. No tiene sentido que el Gobierno amenace ahora a Valencia, Baleares, Cantabria o Aragón por algo que Cataluña, Andalucía, País Vasco o Asturias vienen haciendo. Las amenazas han tenido el efecto contrario: otras comunidades se han sumado a la rebelión. Entre ellas, Madrid —gobernada por Cristina Cifuentes, del PP—, que dará acceso a la asistencia primaria y especializada.

Sorprende que Moreno haya utilizado expresiones tan contundentes y amenazadoras cuando el ministro de Sanidad anunció en junio que ofrecería asistencia primaria a los inmigrantes irregulares. De esta promesa nunca más se supo, seguramente porque dar acceso solo al médico de cabecera puede crear situaciones absurdas. Por ejemplo, si un médico de familia atiende a un inmigrante y sospecha que tiene cáncer, ¿no podrá enviarle al hospital a hacerse las pruebas? Y si se confirma el diagnóstico ¿le enviará a casa a morir porque en asistencia primaria no pueden administrar quimioterapia?

Igual de extemporánea resulta la advertencia de que la Unión Europea sancionará a España por atender a inmigrantes. Ni ha intervenido en el pasado ni tiene por qué intervenir ahora. Una cosa es la atención a los inmigrantes y otra la regulación del turismo sanitario, es decir, los casos de ciudadanos europeos que cotizan y residen en un país y acuden a otro a recibir asistencia.

Lo razonable sería revertir con carácter general la exclusión de inmigrantes y acordar un mecanismo común de acceso que evite las actuales desigualdades.