Reforma y consenso

El presidente Rajoy confirmó tras su entrevista con el Rey lo que había adelantado su ministro de Justicia: que el Gobierno está abierto a estudiar en la próxima legislatura un acuerdo sobre una reforma limitada de la Constitución. De momento, sobre una delimitación más precisa entre las competencias del Estado y las de las autonomías; y sobre la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona.

Propuestas anteriores fueron abandonadas por dos razones principales: porque no existe un consenso como el que avaló el texto de 1978; y por temor a que, abierta la posibilidad de introducir modificaciones, los nacionalistas tratasen de aprovechar la oportunidad para incluir demandas a las que, en aras del consenso, habían renunciado en el debate constituyente. Por ejemplo, el derecho de autodeterminación; o para revertir la generalización autonómica y la tendencia a la equiparación competencial básica de todas las comunidades.

Ahora lo primero tiende a relativizarse: el consenso deberá alcanzarse como culminación del proceso de debate y negociación de la reforma y no como requisito para iniciarlo. Incluso podría considerarse que el objetivo compartido de esa reforma es una ocasión para recuperar el consenso esencial roto desde hace años. En cuanto a los nacionalismos, ya han planteado eso que se quería evitar. Y es cierto que sin el actual desafío independentista catalán la reforma constitucional seguramente no se habría planteado ahora. Pero no se trata de constitucionalizar la ruptura con España, sino de reforzar el Estado autonómico, actualizándolo y corrigiendo las debilidades que el tiempo ha evidenciado, para que sea capaz de responder más eficazmente a quienes plantean eliminarlo. Respecto a la crisis catalana, se trataría de convertir la reforma, que refrendaría el pueblo español en su conjunto, en marco en el que plantear un acuerdo sobre un reforzamiento del autogobierno catalán susceptible de ser ratificado por la población de esa comunidad. Un proceso que podría plantearse si el 27-S no hay una mayoría independentista, o es insuficiente; o da lugar a una declaración de independencia que sería impugnada.

Hasta ahora el PP había respondido a las demandas de iniciar un proceso de reforma constitucional reclamando precisión sobre los objetivos concretos a alcanzar. Ahora Rajoy avala lo adelantado por su ministro de Justicia, que incluye la clarificación de la distribución competencial. Es uno de los puntos esenciales de la propuesta del PSOE aprobada hace dos años en Granada, y también uno de los temas sobre cuya necesidad de reforma existe un mayor consenso académico. Es un indicio de que se abre paso la idea de una reforma limitada, cuya viabilidad depende de que se sepa seleccionar los puntos concretos a reformar. Sin dispersiones por motivos partidistas o reacciones sectarias a las propuestas de los demás.

La Constitución de 1978 se diferencia de las anteriores en que el consenso no solo es un procedimiento de elaboración sino un rasgo de contenido, lo que la convirtió en un marco político y un conjunto de reglas de juego compartidos. Su reforma será eficaz si mantiene ese carácter.