Inhibición obligada

Una serie de razones formales, cuya legalidad no se cuestiona, podría conducir a la extravagante situación de que el enjuiciamiento de dos asuntos que afectan al PP corresponda a magistrados próximos a este partido. Uno de ellos es el primero de los sumarios instruidos sobre el caso Gürtel, en el que van a sentarse en el banquillo hasta 16 excargos populares —y además, el propio partido está acusado como responsable civil subsidiario—. En el del caso Bárcenas tiene que decidirse sobre la contabilidad b atribuida al PP.

Concepción Espejel, que fue miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta de este partido, se dispone a presidir los tribunales de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que a Enrique López le ha caído en suerte ser ponente de las futuras sentencias. Este magistrado ha formado parte del Consejo del Poder Judicial y del Constitucional por impulso del PP, además de colaborar con la fundación FAES.

El conflicto entre parcialidad e imparcialidad es delicado cuando incide sobre la conformación de los tribunales. El problema de fondo consiste en las relaciones excesivamente estrechas entre jueces y políticos, promovidas por varios partidos y no solo por el PP. Pero la presunta cercanía entre poderes constitucionales formalmente separados, como son el ejecutivo y el judicial, resulta ya demasiado hiriente para la independencia de la justicia como para que los dos magistrados en cuestión continúen adelante en los asuntos referidos.

Mientras se revisa el problema de fondo, no debería ser necesario esperar a las recusaciones por “apariencia de parcialidad” que penden sobre estos magistrados. Espejel y López tienen que reflexionar sobre el agujero de credibilidad que pueden añadir a los que ya arrastran las instituciones. La solución más digna y decente consiste en que los dos se inhiban voluntariamente en ambas causas.