La pobreza del señor Leguina

Sostiene Joaquín Leguina que es increíble que en España haya tantos millones de personas que estadísticamente son consideradas pobres (un 22%). No le falta intuición al señalar esta cuestión, pues no hay 13 millones de españoles y españolas viviendo entre cartones, que es en el imaginario público la visualización de pobreza: alguien sin hogar. Pero sí hay desde luego millones de familias en situaciones de privación graves y en riesgo de exclusión. Los informes tan solo lo reflejan. Pero le faltan elementos de análisis al no comprender que haya crecido el número de personas en pobreza entre 2013 y 2014 pese al magro crecimiento económico (de sólo un 0,7%), sin reparar en el aumento en ese año del número de millonarios en un 24%, ergo, de la desigualdad de renta e ingresos que nos ayudan a todos a entender cifras tan complicadas.

Sostiene Leguina que el conjunto de expertos que establecen los umbrales de pobreza relativa y construyen la interpretación estadística de los datos desde Eurostat son poco competentes, y deja entrever que él escogería otros índices y umbrales diferentes. Sostiene también que el prestigioso índice AROPE no es de su satisfacción. Y que la palabra “pobre” debería venderse más cara, y no atribuírsele a quien sufra tan solo una de varias posibles privaciones —no puede pagar el alquiler, o la luz, no poder comer carne o pescado dos veces por semana, no poder pagar la hipoteca, tener ingresos bajísimos...

Sostiene Leguina que las estadísticas más profundas son muy caras y por eso no se hacen lo que explicaría la baja calidad de la información que apunta. Cierto es que son caras pero hay quien sí invierte en hacerlas, desde hace más de 30 años, con una encuesta de valor extraordinario cada cinco años. Es la Fundación FOESSA, quien la realiza y nos ofrece los datos más precisos en términos de pobreza y exclusión. Es un auténtico lujo de la investigación social para nuestro país, a la que colaboran decenas de académicos y especialistas, como cualquier persona interesada en el tema debería saber. Y en su último informe de 2014 nos ofrecía datos desoladores sobre la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

Sostuvo Montoro al conocerse aquel informe FOESSA, que sus datos estaban exagerados, cosa que no era cierta. Sostiene Leguina ahora, yendo mucho más allá que el ministro de Hacienda, que considera cierto que las organizaciones sociales exageran (aunque base sus argumentos en cuestiones metodológicas), pero además sostiene que se trata de una exageración interesada: “para tener más pobres a los que atender”. Dando a entender que existe en algún lugar un fondo que otorga recursos extra a las organizaciones si aumenta el número de pobres. ¿O insinuando que tal vez los trabajadores sociales reciban un bonus por aumentar el número de personas atendidas? Esas prácticas corresponden a sectores económicos que no merecen calificación alguna por parte del señor Leguina, pero no a las organizaciones sociales que analizamos y trabajamos sobre la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Ni a las que lo hacen desde un enfoque de análisis y estudio, ni a aquellas otras que trabajan mano a mano con esos millones de personas, que parecen superfluas en un argumento centrado en la semántica y la imagen de nuestro país.

La triste realidad es que aunque han aumentado —sí, así es— las personas que viven en riesgo de exclusión, las administraciones públicas han recortado los fondos que destinan a fines sociales y a atender sus necesidades, afectando el trabajo de cientos de organizaciones y dejando en situación de desprotección a cientos de miles de familias. Y lo cierto, además, es que la gran mayoría de las entidades aludidas plantean la necesidad de respuestas desde el sector público a estas carencias —y eso vale para los informes de Cáritas sobre pobreza, sobre pobreza infantil de UNICEF o sobre desigualdad de Oxfam Intermon—. Nuestra aspiración es que se atiendan los problemas de las personas que sufren las mayores carencias y que construyamos sociedades más justas, en lugar de intentar camuflarlas y cambiar los indicadores. Y no dejando la atención a nuestros problemas más graves a la vieja beneficencia, sino exigiendo soluciones integrales propias de un estado social avanzado como es España.

Evita Leguina analizar la situación con la seriedad que requeriría, tratándose en su caso no de un tertuliano cualquiera, sino de un representante político emérito y miembro en activo de ese controvertido Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid por haber sido presidente de la Comunidad de Madrid hace ya más de veinte años. Esta ligereza de juicio sobre las motivaciones de quienes analizan y dan a conocer los datos desde las organizaciones sociales proviene del prejuicio, no del análisis, y tal vez contribuya a seguir profundizando esa brecha entre “la ciudadanía” y “los políticos” que ya resaltaba el barómetro que Metroscopia elabora para El País y en el que la opinión pública expresa una baja confianza en “los políticos” (que gozan de la confianza del 9% de los españoles), frente a las ONG (que gozan de la confianza del 81% de la población).

Haría bien Leguina en preguntar, conocer e informarse en lugar de emitir juicios apriorísticos ligeros sobre personas y entidades de las que, a la vista está, se sitúa muy lejos. Tampoco se muestra particularmente cercano a esas millones de familias de nuestro país; aunque sí le interesen, parece, las palabras y la imagen, sobre todo por ese maldito concepto: pobreza.

Si quiere mantener un debate sobre las metodologías seguro que encuentra una comunidad robusta de investigadores interesada y seguramente también crítica, pues toda medición implica opciones y es por definición falible. Pero si lo que pretende es desacreditar las motivaciones de quienes realizan estudios desde organizaciones con sensibilidad social, claro está que tiene a la ciudadanía enfrente.

Jaime Atienza es director del Departamento de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón.