Deuda y confianza política

Según se desprende del informe preliminar del Tribunal de Cuentas, los partidos parecen seguir políticas de reducción de su deuda financiera al tiempo que disminuyen los ingresos que proceden de donaciones privadas, como consecuencia de los cambios legislativos introducidos por el Gobierno a partir del descubrimiento del caso Bárcenas. En 2013, la deuda de los partidos con los bancos ascendía a 205 millones, cuando al inicio de la legislatura se debían 270 millones; las donaciones privadas, en el mismo periodo, han bajado desde 11,3 millones hasta 5,9 millones. Las entregas al PP han caído desde unos 5 millones en 2007 hasta los 400.000 euros.

Es pronto para decir si este balance provisional indica una tendencia consistente hacia una reducción de los gastos en los partidos y, por tanto, equivale a una avidez menor hacia la aportación privada, una de las causas principales de la corrupción. También es posible suponer que 2013, el periodo examinado, sea simplemente un ejercicio de transición y que la medida real de las tensiones financieras aparezca en 2015, año de acumulación de elecciones. También es prematuro calcular con detalle el efecto de una regulación más estricta sobre el origen de los fondos de los partidos, mayoritariamente pagados con fondos públicos.

Lo que importa es que el Tribunal de Cuentas disponga de los medios y la capacidad de acción suficiente para fiscalizar detalladamente el dinero real de los partidos. Durante un tiempo, los ciudadanos mantendrán una justificada desconfianza hacia la limpieza de las prácticas financieras de los partidos: el tribunal debe tutelar la recuperación de la confianza política. El primer paso es presentar informes más próximos en el tiempo al ejercicio actual. El segundo, más difícil, consistirá en demostrar que su acción permite adelantarse a cualquier brote de financiación irregular.