Colombia tiene derecho a la verdad

Por Isabel Ortigosa, Incidencia y Comunicación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (@CsOFB).

Foto: Oriol Segon Torra y Colectivo Orlando Fals Borda.

“Yo no quería hablar, me retiré del mundo, no quería relacionarme con nadie. La psicóloga me ha ayudado mucho… Sé que el dolor nunca va a desaparecer, lo llevo dentro. Pero estoy aprendiendo a dominarlo.”

Así habla Blanca Nubia. Con 52 años, ha perdido ya tres hijos, dos de ellos cobrados por la violencia sociopolítica que asola Colombia desde hace décadas. Blanca vive en el Departamento del Meta, uno de los más castigados por el fenómeno de los mal llamados “falsos positivos”, según un reciente informe de Human Rights Watch.

El conflicto armado ha producido en Colombia masivas, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Ciertamente, el Gobierno nacional, inmerso en el proceso de negociación con las FARC en La Habana, ha promovido acciones afirmativas a favor de las víctimas, entre ellas la participación de las víctimas en las negociaciones de La Habana. Pero aún queda mucho por hacer en lo que respecta a la búsqueda de las personas desparecidas y la plena identificación de cadáveres enterrados como personas no identificadas en cientos de cementerios en todo el país.

Este es el caso de José Antonio, el hijo de Blanca. El ejército lo sacó de su casa el 18 de marzo de 2006, cuando iba a cumplir apenas 24 años. Blanca se enteró años más tarde de que tres días después de desaparecer, su hijo fue reportado como muerto en combate, a pesar de que ese mes no se informó de ningún combate en su zona y de que tenía un tiro a quemarropa en el cráneo. Después fue enterrado como “NN” en un cementerio alejado de la zona en la que vivía.

Tras dos años de silencio, condicionado por el miedo, las amenazas y el desplazamiento forzoso, Blanca Nubia se atrevió a denunciar. En 2013 le entregaron su cuerpo. “Fue muy duro recibir su cuerpo en los puros huesitos. Pero descansé”. Hoy está comprobado que fue el ejército el que lo mató. Blanca vive a la espera de que se haga realidad el acto de petición de disculpas públicas. “A mí ya nadie me va a devolver a mi hijo. Y yo no creo que los responsables vayan a ir nunca a la cárcel. Pero al menos que el país se dé cuenta de la injusticia que cometieron con nosotros”, dice Blanca.

Como Blanca, en Colombia son miles las madres, las esposas, los hijos que buscan a sus seres queridos que un día desaparecieron. La desaparición forzada ha sido usada en el país como un arma de guerra contra defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y líderes comunitarios. Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el país se registran alrededor de 21.000 casos de desaparición forzada cometidos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica. De igual manera se registran más de 20.000 casos de personas inhumadas como no identificadas en cementerios municipales del país, de acuerdo con información suministrada a la Fiscalía General de la Nación por 861 alcaldías locales. Más de 2.000 se encuentran en sólo cinco cementerios de la región de los Llanos Orientales. Hasta el momento se han exhumado casi 1.000 cuerpos de estos cinco cementerios, y se han identificado a poco más de 800, según datos de la Fiscalía.

Nadie sabe exactamente cuántos de estos casos se deben a ejecuciones extrajudiciales como el de José Antonio, pero lo cierto es que actualmente la Fiscalía colombiana investiga al menos 3.000 de estos casos en todo el país, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Hasta ahora, solo soldados de los rangos más bajos han sido condenados por este tipo de actos.

Las acciones emprendidas por el Estado colombiano con objeto de exhumar e identificar a personas inhumadas como no identificadas en los cementerios del país han sido resultado de las acciones de denuncia, movilización e incidencia desarrolladas por las organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda en regiones como los Llanos orientales. La localización y acompañamiento jurídico y psicosocial de familiares de personas inhumadas como no identificadas en los cementerios del país ha sido fundamental en la documentación de casos de personas desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado.

La identificación de estas personas, la entrega digna de sus restos mortales a sus familiares y el esclarecimiento de los hechos que rodearon su desaparición y muerte hace parte imprescindible de la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica del país. Significaría para los familiares de las víctimas la posibilidad de finalmente liberarse de la incertidumbre e iniciar procesos de exigibilidad de derechos.

Es por ello que el próximo 8 de julio el Congreso colombiano acogerá una Audiencia pública que busca abordar la crisis humanitaria provocada en el país por estos casos. Sin hacer frente al drama de estas familias será difícil sentar las bases para la construcción de una paz sostenible y duradera que respete y garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Mujeres y hombres como Blanca Nubia han esperado ya demasiado, y tienen derecho, de una vez por todas, a la verdad.