Una prueba para la UE

La política sobre inmigración se está convirtiendo en piedra de toque de la voluntad de cooperación de los socios de la UE. Ante la evidencia abrumadora de la tragedia humana que se está produciendo en aguas del Mediterráneo —y de la catástrofe que puede haber este verano si no se toman más medidas— los europeos no logran ponerse de acuerdo sobre cuestiones mínimas.

En lo obvio, como no podría ser de otra forma, todos están de acuerdo: hay que poner los medios para evitar que decenas de miles de personas arriesguen sus vidas lanzándose al mar mientras se lucran con ello las mafias de traficantes de personas. Los países más afectados de la UE —los de la ribera mediterránea— no pueden asumir solos esta responsabilidad, y las medidas que se adopten deben situarse en el marco de la legalidad internacional. Pero a la hora de concretar estas afirmaciones es cuando la UE muestra sus debilidades. Es muy complicado llegar a un acuerdo sobre qué hacer y cómo repartir el contingente de personas desesperadas que llegarán en los próximos meses; y la aprobada misión militar contras las mafias que acarrean a seres humanos con menos cuidado que al ganado plantea interrogantes burocráticos, además de muy serias limitaciones.

El proyecto europeo va mucho más allá de declaraciones y discursos. La inmigración es una cuestión fundamental y la UE no está todavía a la altura del reto.