Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Conmoción en el aula

Un alumno de 13 años mata a un profesor: la sociedad está obligada a reflexionar seriamente

La muerte de un profesor a manos de un alumno de 13 años —que también hirió a dos profesoras y dos alumnos— en el instituto Joan Fuster del barrio de La Sagrera, en Barcelona, es un trágico suceso que debe ser analizado con mucho cuidado cuando se confirmen todos los detalles, especialmente los relativos al estado mental del agresor. Las primeras valoraciones indican que el chico podía estar bajo un brote psicótico, caracterizado por una disociación del pensamiento lógico y una incapacidad para discernir la realidad. Se trata, como todos los sucesos similares, de algo excepcional, pero eso no debe impedir el análisis, ni tampoco facilitar conclusiones simples o apresuradas.

Pese a que lo ocurrido recuerda a sucesos que con alguna regularidad ocurren en EE UU, sería inadecuado concluir que estamos ante un problema consolidado de seguridad en los centros escolares. El hecho de que el alumno acuda a su centro con una ballesta, un puñal, un pico y elementos para hacer un cóctel molotov apuntan a un factor de imitación, pero dentro de una situación mental anómala.

Lo importante en este caso es que las autoridades docentes analicen si ha habido muestras de alerta que no han sido atendidas. Los servicios psicopedagógicos deberían poder detectar señales tempranas de este tipo de trastornos: en los casos de brote psicótico suele darse un proceso de creación de una realidad delirante que puede dar síntomas en forma de comportamientos anómalos. Hay que analizar en este sentido si las actuales dotaciones son suficientes para una labor preventiva; en los últimos años se han reducido medios para estos servicios que afectan a la red pública de salud mental infantil y juvenil.

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Por otra parte, el suceso se produce después de episodios de violencia relativamente numerosos contra profesores, que han llevado a los colectivos docentes a pedir medidas legales de mayor protección. De confirmarse un trastorno mental, lo ocurrido en La Sagrera quedaría relativamente fuera de esta problemática, pero en todo caso contribuirá lógicamente a acentuar la sensación de inseguridad.

La administración educativa debe tener en cuenta estas demandas y analizar posibles medidas adicionales, como la figura de la orden de alejamiento para padres que hayan agredido o amenazado a profesores y otras normas, sin caer en reacciones ligeras al calor de sucesos tan trágicos como el de ayer.

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