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Maltrato sin fin

Las leyes contra la violencia machista son insuficientes para atajar las agresiones

La encuesta sobre la violencia contra la mujer elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone de manifiesto datos preocupantes que deberían alarmar a una sociedad en la que dos millones y medio de mujeres confiesan haber sufrido agresiones —físicas o sexuales— por parte de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida.

Representan un 12,5% de la población femenina mayor de 16 años y una gran parte (casi el 70%) nunca ha denunciado a su agresor, pese a las campañas institucionales contra esta lacra. Es revelador que el teléfono 016, que presta información y asesoramiento a las víctimas y a su entorno, apenas se ha utilizado en el 4% de los casos. Y solo la mitad de las mujeres maltratadas ha acudido a la policía, el juez o a los servicios sociales solicitando ayuda. Conviene recordar que denunciar no es solo obligación de la mujer, sino también de familiares, vecinos y personal sanitario.

La presentación del informe ha coincidido con una de las jornadas más lacerantes: el asesinato de dos mujeres, en Andalucía y Cataluña, y la muerte a cuchilladas de una madre y sus dos pequeños en Gibraltar, presuntamente a manos de sus parejas. Pero, desgraciadamente, nada parece indicar que las agresiones vayan a disminuir a corto plazo. Desmoraliza que entre las jóvenes y adolescentes estén calando hondo las actitudes machistas, ya que una de cada cuatro chicas de 16 a 19 años es objeto de “violencia psicológica de control”, es decir, se sienten dominadas y vigiladas. Lejos de remitir, ese tipo de acoso parece ir en aumento. Y si los jóvenes son un colectivo vulnerable, no lo son menos las mujeres que tienen alguna discapacidad. El 23,3% afirma haber padecido agresiones físicas o miedo a sus parejas.

Romper el silencio, perder el miedo y denunciar a los agresores son los primeros pasos para intentar reducir las estadísticas. Las medidas de protección contempladas en la ley, entre ellas las órdenes de alejamiento, parece claro que no son suficientes para atajar estos crímenes atroces. Se necesitan acciones firmes en los centros educativos encaminadas a la sensibilización y a la prevención para cortar de raíz determinados estereotipos —que dan alas al maltrato— anclados en la sociedad. Porque insultar, vejar o menospreciar implican de por sí una forma de violencia.

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