Aguirre y su equipo

A medida que avanza la investigación judicial de la trama Púnica se agranda el círculo de los sospechosos entre las personas que han tenido mayor poder e influencia en la organización madrileña del Partido Popular, dirigida por Esperanza Aguirre. La mujer fuerte del PP de Madrid es una especialista en la estrategia de aguantar todo lo que haga falta y sostenerse contra viento y marea. Sin embargo, sus intentos de eclipsar la realidad de sus responsabilidades políticas se encuentran cada vez con más dificultades.

El último episodio es el propósito de la Guardia Civil de interrogar a Isabel Gallego, actual directora de comunicación de la campaña electoral de la candidata Aguirre al Ayuntamiento de la capital, en cuyas oficinas ya fueron requisados diversos documentos hace casi dos meses. La negativa de Gallego a responder al instituto armado ha permitido saber que está imputada por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Se la investiga por facilitar contratos con dinero público a una empresa relacionada con la red Púnica, con el objetivo de mejorar la reputación e imagen de altos cargos de la Comunidad de Madrid (entre ellos su número dos, Salvador Victoria, y el todavía presidente de la institución, Ignacio González).

Es de sobra sabido que, en este estadio, la imputación no supone un acta de acusación, sino que la persona requerida por el juez debe acudir a su presencia asistida de abogado por indicios de relación con la causa investigada. Además, el secreto del sumario que pesa sobre el núcleo central de la Operación Púnica hace imposible calibrar todo lo que está en juego por un asunto que llevó a la detención de 35 personas el 27 de octubre pasado, entre ellas el exconsejero y ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados —que sigue en prisión—, y varios alcaldes de ciudades madrileñas, la mayoría del PP.

Sin embargo, del número de implicados se deduce que la Operación Púnica, que sucede a la macroinvestigación de la trama Gürtel, deja claro que nada ni nadie frenó la corrupción o la utilización dudosa de dinero público —según los casos— por parte de personas de relevancia vinculadas durante mucho tiempo al PP de Madrid.

Es evidente que la candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía madrileña, además de su insistencia en controlar la lista de las personas que le acompañen y la organización de la campaña, no viene avalada por las mejores credenciales. No puede considerarse banal ser la jefa política de numerosas personas que están siendo investigadas judicialmente. Es imposible torcer de tal modo las cosas que las elecciones puedan servir como lavadero de graves errores cometidos en el pasado —como mínimo, en la selección de personal— y seguir adelante, como si tal cosa, con una longeva carrera en la vida pública.