Debate sobre el estado de la otra nación

Esta entrada ha sido escrita por Virginia Rodríguez, responsable de proyectos de laFundación porCausa de Periodismo e Investigación. Este trabajo es partedel Proyecto Transparencia Incidencia Participación e Investigación, cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants).

Imagen: Sonia Mackay/EL PAÍS.

Esta semana, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno ha sacado pecho proclamado que evitar el rescate de la economía española ha sido la gran medida de política social de la legislatura, “la mejor”. Difícilmente se puede resumir de forma más certera cómo percibe la sociedad y sus principales problemas este gobierno.

Incluso eludiendo un debate sobre el rescate bancario que sí se produjo, esta percepción es miope y tramposa. Subestima a los ciudadanos a quienes se insta, no sólo a aceptar como inevitable la sumisión de la política social a la económica, sino también a creer que la mejora de la economía y el dinamismo del mercado laboral tendrán como consecuencia natural la reducción de los niveles de pobreza. Ignora el hecho de que las medidas adoptadas para la recuperación de los indicadores macroeconómicos, han sido a costa del debilitamiento de servicios públicos como la educación o la sanidad y los mecanismos de protección social precisamente en el momento que más necesario era su fortalecimiento.

A excepción del tono triunfalista ahora que las previsiones económicas empiezan a parecer favorables, la actitud del gobierno no es nueva. En su empeño por negarse a asumir la magnitud del problema del empobrecimiento y creciente desigualdad de la sociedad española, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas llegó a negar el pasado año que las estimaciones estadísticas sirvieran para para describir la realidad considerando alarmistas, irresponsables y poco rigurosas a las organizaciones sociales que, basándose en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y EUROSTAT, llevan años reclamando una política social capaz de dar respuesta a los problemas actuales de los ciudadanos.

El más grave, el hecho de que la tasa de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social lleve desde 2009 por encima del 32%. Esto supone casi 3 millones de niños cada uno de los últimos 5 años, tratándose del grupo de edad más vulnerable a la pobreza y la exclusión social superando, y mucho, al de mayores de 65 años (los datos correspondientes a 2013 señalan una diferencia de 18’1 puntos, entre el 32’6% de población infantil y el 14’5 de las personas mayores de 65). A lo que hay que añadir que una vez bajo el umbral de pobreza, los niños también son el grupo de edad que más profundamente cae. En 2013 el umbral de pobreza relativa era de 17040€ anuales de ingresos para familias de 4 miembros con 2 menores de 14 años, 355€ mensuales por cada miembro de la familia. Respecto a este umbral, los niños caen de media un 35’4% (frente al 31’4% de la población de entre 18 y 64 años y el 16’6% de los mayores de 65), es decir disponen de media de 229’33€ mensuales. Todo ello en un momento decisivo de sus vidas que ni el más espectacular crecimiento económico podrá devolverles.

A pesar de los recelos del ministro Montoro, al observar los datos oficiales que ofrece anualmente la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, algunas conclusiones resultan incontestables y ponen en tela de juicio la premisa de que la recuperación económica devendrá en una mejora social.

Las familias con niños son las más vulnerables a la pobreza, aún en hogares con empleo.

Los factores más determinantes del riesgo de pobreza de la población infantil son la composición del hogar (hogares monoparentales y familias numerosas), el nivel educativo de los padres y, sobre todo, su origen nacional.

El análisis de estos datos plantea preguntas cuya respuesta debería ser el punto de partida de cualquier política o medida social. Por ejemplo, ¿por qué el riesgo de pobreza de la población infantil se ha disparado mientras el de los mayores de 65 se ha reducido drásticamente? Y he aquí una primera respuesta, quiera verse o no. Para los mayores existe un sistema de protección sólido: las pensiones, resultado de un compromiso político expresado en un Pacto de Estado al que los efectos de la crisis han convertido en el principal asidero para muchas familias. No existe un sistema de protección social semejante para la población infantil.

El cortoplacismo de las políticas destinadas a la recuperación económica ha hipotecado una gran parte de los derechos y las oportunidades que el Estado debe ofrecer a todos sus ciudadanos, especialmente a los que aún no tienen edad de votar. Quizá sea esta la razón de que la emergencia social que supone la pobreza infantil no se considere tal, un cálculo electoralista que este último año de legislatura empieza a motivar la adopción de medidas como, por ejemplo, la extensión de la exención fiscal por hijo a cargo de hasta 100 € mensuales a las familias monoparentales con 2 o más hijos dependientes.

Por esta razón es fundamental que la ciudadanía y las organizaciones sociales dispongan de herramientas y análisis como los que el proyecto Transparencia, Incidencia, Participación e Investigación está desarrollando. Información que conduzca a las preguntas que den forma a un debate público basado en los problemas y preocupaciones de la sociedad y no en los compromisos económicos adquiridos ante la Unión Europea o la búsqueda de réditos electorales.

Por ejemplo, la medida anunciada por el Presidente del Gobierno, si bien aborda uno de los factores de vulnerabilidad ante la pobreza infantil como es la monoparentalidad, cuando consultamos en la Encuesta Continua de Hogares del INE el número de familias que podrían beneficiarse, observamos que de los 794500 hogares monoparentales que hay en España, esta medida, de entrada, deja fuera a la gran mayoría de ellas, al más de medio millón que sólo tienen un hijo a cargo, de los que 404400 están encabezados por mujeres. A lo que hay que añadir que la fórmula de la exención fiscal también limita el alcance de la medida a las familias que tienen la obligación tributaria de declarar sus ingresos, algo a lo que muchas de las familias en peor situación económica, las más pobres, no están obligadas.

En este año de múltiples campañas, formular las preguntas cuya respuesta defina la sociedad que seremos es la exigencia que los ciudadanos debemos plantear a quienes aspiran a gobernarnos.