Emergencia de salud

El Ministerio de Sanidad no parece ser consciente del malestar que existe por la pésima gestión que se ha hecho del tratamiento de la hepatitis C. Los afectados y sus familias han asistido con impotencia a la terrible paradoja de saber que se ha logrado lo más difícil —conseguir un tratamiento que cura hasta el 95% de los casos— y no tener acceso al mismo por un problema de precio y de gestión.

El virus C es el más dañino de los que producen hepatitis: actúa en silencio durante años y causa un deterioro hepático que en muchos casos acaba en cirrosis y cáncer de hígado. La alegría que cundió entre médicos y pacientes al saber que se había logrado el objetivo que se perseguía desde que se identificó el virus, en 1989, se ha tornado en enfado al comprobar que pasan los meses y el tratamiento sigue llegando con cuentagotas. Y, lo que es peor, entre sospechas de desigualdad en el acceso. Nueve meses tardó el ministerio en negociar el precio con los laboratorios antes de incluir los nuevos fármacos en el catálogo de la Sanidad pública. En todo ese tiempo, eludió abordar de cara el problema, dando a los afectados explicaciones imprecisas y vagas promesas.

El nuevo ministro, Alfonso Alonso, se ha encontrado con un incendio difícil de apagar. De momento ha tomado la decisión correcta: crear un comité de expertos para evaluar la dimensión del problema y revisar las guías terapéuticas, calificadas de obsoletas por los hepatólogos. Pero la lentitud en un asunto así es intolerable. La reunión del Consejo Interterritorial de Salud ha mostrado que está casi todo por hacer.

En el año transcurrido desde que los fármacos fueron aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, las autoridades sanitarias no han sido capaces de hacer un estudio de cuántos pacientes hay en cada uno de los cuatro estadios de la infección. Se estima que unos 3.000 enfermos están en fase tan avanzada que su vida corre peligro inminente. Pero la dimensión del problema —unos 800.000 infectados, de los que solo 50.000 estarían diagnosticados— exige mayor diligencia, y una eficacia en la gestión que no se está viendo. Urge habilitar fondos específicos para tratar ya a los pacientes en fases avanzadas y fijar un calendario que permita la administración paulatina, pero sin demoras, al resto de enfermos; se trata de evitar que su estado se deteriore.

Ahora se ha sabido que el coste pactado con los laboratorios es de 43.000 euros por 12 semanas de tratamiento, pero los casos más graves requerirán hasta el doble. Es un precio excesivo. España debería sumarse a quienes en la Unión Europea proponen revisar el sistema de fijación de precios de los nuevos fármacos. Con un volumen de enfermos a tratar tan importante, las expectativas de las farmacéuticas de recuperar la inversión están aseguradas. No debemos permitir que prisas injustificadas y pretensiones desmesuradas de beneficio puedan quebrantar el bien común que es la salud.