Indulto sin escándalo

En un país como España, donde en los tribunales se acumulan y dilatan durante años casos que generan indignación social y tienen consecuencias políticas e institucionales, no dejan de causar estupor resoluciones como la que ordena la entrada en prisión de una joven madre por no pagar una multa de 1.440 euros referente a un delito cometido hace seis años.

No se trata de aplicar un sentimentalismo facilón al funcionamiento de la justicia, pero sí de emplear el sentido común. A pesar de las imágenes prácticamente diarias de políticos y famosos ingresando o saliendo de prisión, la entrada en la cárcel no es un hecho menor en la vida de ningún ciudadano. Para que una mujer deba hacerlo acompañada de su hija de dos meses y dejando fuera a otra menor al cuidado de terceros deberían darse circunstancias irremisibiles y no una concatenación de situaciones desfavorables acompañadas de una resolución judicial cuanto menos muy interpretativa.

Que Sara González cometió un delito cuando empleó tarjetas de crédito ajenas encontradas en la calle es incuestionable, como lo es el que sufriera dos enfermedades psicológicas. Pero González fue condenada en los términos que establece la ley y siguió los procedimientos marcados. Fue mal informada por sus abogados de la obligación de pagar una multa, de modo que ahora, con su vida rehecha, curada de sus enfermedades y sin haber vuelto a delinquir, la Administración de Justicia le obliga a ingresar en prisión. Ella, siguiendo estrictamente la ley, pide la suspensión cautelar porque va a solicitar un indulto. Pero el juzgado alega que “previsiblemente” no se le concederá ante “el descrédito existente en la sociedad ante el otorgamiento de indultos a penados”. Es un eufemismo. No son los indultos “a penados”, sino a cierto tipo de penados cuyas relaciones con el Gobierno ponen el indulto bajo sospecha. No es el caso de González. Su posible indulto no desacreditará a nadie. Al contrario.