Pato cojo anticipado

Mariano Rajoy afronta el periodo final de su mandato con retraso en la tramitación de polémicos proyectos legislativos, desde el funcionamiento de la justicia a las medidas anticorrupción. La falta de comunicación sobre otro tipo de planes expresa las pocas ganas del Gobierno de ponerse a labrar en tierras más difíciles, preocupado por la suerte electoral del PP.

La afición a legislar en caliente le ha llevado a anunciar una reforma de la Administración, una ley de servicios mínimos en caso de huelga, la supresión de aforamientos o un cambio de reglas para las elecciones municipales, cuyo objetivo era forzar la designación como alcalde del cabeza de la lista más votada. Tales proyectos no han visto la luz, pero tampoco han sido oficialmente cancelados. Se han desperdiciado demasiadas energías sobre la reforma de la ley del aborto, un resto de la cual —el acuerdo parental para la interrupción del embarazo antes de los 18 años— estudia tramitar como una proposición de ley del PP.

Otros asuntos de fondo ni siquiera han sido abordados: desde las insatisfacciones provocadas por el Estado de las autonomías a la reforma del Senado o el Estatuto de la Corona. Inhibiciones coherentes con la parálisis del PP en torno a la reforma constitucional. Un Gobierno tan respaldado por las urnas y por las Cortes no se ha atrevido a intentar la reconstrucción de un proyecto de futuro ni verdaderos pactos de regeneración institucional. Es sorprendente que un Gobierno con semejante apoyo en el Congreso se haya convertido anticipadamente en lo que en el lenguaje político de EE UU se conoce como pato cojo.

A la espera del balance final en el terreno económico, el Gobierno debe tener cuidado con los productos legislativos en fabricación. Atribuir al Ministerio del Interior la facultad de intervenir comunicaciones sin permiso judicial —al menos durante las primeras 24 horas— equivale a dotar al Ejecutivo de un poder excesivo y es posiblemente inconstitucional, como le advierte el Poder Judicial. En cuanto a la financiación de los partidos, la ambición de las medidas pendientes no basta para calificarlas de “regeneración democrática”. La eficacia que cabe esperar es menor que de una reorganización completa del sistema de fiscalización de los partidos y de las sanciones a los que no respetan la limpieza del juego electoral.

Rajoy ha dispuesto y dispone de una fuerza parlamentaria que para sí quisieran Obama y otros mandatarios democráticos. Una potente mayoría es el mejor instrumento para enfrentarse a los asuntos clave. Sin embargo, el Gobierno prefiere recurrir a procedimientos clásicos para la recuperación de votos: por ejemplo, la entrada en servicio del AVE en ocho capitales de provincia. Salvo que el presidente pretenda adelantar las elecciones generales —y hasta ahora lo ha negado—, dedicar un año al objetivo de hermosear la imagen en las urnas se antoja un periodo demasiado largo y baldío.