Otra política de rentas

La mejora de expectativas de la economía española en 2015 permite abrir un debate sobre la política económica que debe desarrollar el Gobierno para apuntalar los indicios de recuperación. La política de restricciones del gasto público, acompañada por una disminución de impuestos a partir del año próximo, ha contribuido en el peor de los casos a agravar los daños de la recesión y, en el mejor, a retrasar la recuperación. Con el viento a favor de la depreciación del dólar y el ahorro obtenido por el abaratamiento del petróleo, más la reducción de los costes de la deuda, hay motivos más que suficientes para articular otra política de rentas.

No habrá recuperación mientras que los salarios y la protección social no crezcan en paralelo con el PIB. A pesar de las reticencias del Banco de España, demasiado genéricas (advierte contra una “subida generalizada de salarios”), es evidente que la economía necesita con urgencia un choque que estimule la demanda de consumo y de inversión para sostener las expectativas empresariales. Necesitaría también un aumento selectivo de los impuestos para reactivar el gasto público, pero como el Gobierno ha decidido reducirlos, esa opción está descartada. Y ese choque de la demanda sólo puede conseguirse modulando un crecimiento salarial en 2015.

El debate sobre si los salarios deben crecer antes o después de certificada la recuperación es, en gran parte, bizantino. La depresión salarial recorta las expectativas de demanda, el consumo baja, los ingresos de las empresas se hunden y se acentúa la caída de los salarios que, a su vez, hunden todavía más la demanda. La espiral sólo puede romperse en una parte de la cadena: que las empresas con beneficios inicien una mejora salarial, al menos en relación estricta con la mejora de la productividad. Si la causalidad depresiva renta-demanda no se rompe, el crecimiento no conseguirá transformarse en recuperación plena.

No se trata sólo de cambiar el tono de la política salarial; sería beneficioso mejorar, en los márgenes que dejen el crudo y la deuda, la protección social. La propuesta de aportar 426 euros a los parados de larga duración se queda extremadamente corta si se tiene en cuenta que hay tres millones de parados sin cobertura. El Gobierno tendrá que decidir en 2015 si se sienta a esperar que la recuperación llegue a cámara lenta o si acelera la buena nueva con políticas que, además, aumenten la equidad.