20 años de Secretos que Matan

Por Alberto Estévez (investigador de la campaña “Armas Bajo Control”), María del Pozo (Amnistía Internacional), Jordi Armadans (FundiPau) José Luis García Ortega(Greenpeace), y Paula San Pedro (Oxfam Intermón).

coyright Amnistia Internacional

Veinte años no es nada, dice el célebre tango “Volver” de Gardel, pero sí es un buen momento para hacer balance. Hoy se cumplen veinte años del inicio de la campaña por la transparencia en el comercio de armas español, bajo el lema “Secretos que Matan”. Aquel 12 de diciembre de 1994, las ONG escribíamos al entonces Presidente del Gobierno, Felipe González pidiendo: i) la total transparencia de las exportaciones de armamento español, y ii) la publicación trimestral de las actas de aprobación de las exportaciones de la Junta Interministerial que autoriza las ventas de armas españolas.

Hoy en día la transparencia es una demanda común en la sociedad española, pero hace 20 años era una exigencia pionera y la campaña conjunta, una experiencia de trabajo en coalición sin precedentes coordinada durante más de un lustro por Vicenç Fisas, que en este artículo de opinión explicaba el porqué de la campaña.

Antes de analizar los logros y retos de la campaña, repasemos algunos datos. Desde la década de los 80, el aumento de las exportaciones de armas españolas ha sido constante. Desde los años 90 hasta 2004, la media anual oscilaba entre los 300 y 480 millones de Euros. Esta última década, la cifra no dejó de aumentar y se multiplicó por diez, pasando de 400 millones de Euros en 2004 a superar los 4.000 millones en 2013. A finales de este mes conoceremos los datos del primer semestre de 2014. A nivel global, en los últimos años España entró en el “top ten” de los exportadores globales elaborado por el SIPRI, ocupando entre el 6º y el 8º puesto. El objetivo de esta campaña es conseguir que las armas exportadas por España no contribuyan a que se cometan o se facilite la comisión de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Los avances en la campaña fueron lentos, pero seguros. A ello contribuyó el escándalo sobre la operación ilegal de tráfico de armas hacia Ruanda desde España que las ONG destapamos a finales de 1996, y sobre la que pedimos una investigación exhaustiva e independiente. En 1997 el Congreso aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a publicar los “datos esenciales” de las ventas de armas. Trabajando en alianza demostramos que las cosas se pueden cambiar, con tres premisas: a) rigor y seriedad en la investigación y las propuestas al Gobierno y al Parlamento, realistas y que suponían cambios graduales, b) una movilización amplia, de sectores muy diversos de la sociedad civil. c) alianzas estratégicas con diputados y diputadas de todos los partidos políticos, que han jugado un papel fundamental. Así, poco a poco, el comercio de armas español dejó de ser un tema tabú. Los informes, análisis y propuestas de las ONG han tenido un enorme impacto en los medios de comunicación, el Gobierno y los grupos parlamentarios, para quienes han sido una fuente fiable y constante de información

¿Qué hemos conseguido en estos veinte años? Varias cosas, ninguna de ellas desdeñable:

1º. Transparencia. Aunque las actas de la Junta Interministerial siguen siendo secretas, desde 1997 el Gobierno publica informes semestrales y anuales sobre las ventas de armas. Sin embargo, los informes no son todo lo detallados que nos gustaría y, por ejemplo, no permiten saber qué unidades del Ejército colombiano –algunas de ellas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos- utilizan las armas que le vende España desde hace años, ni si las armas exportadas a Estados Unidos se usan en los conflictos armados en los que está implicado este país o para cometer delitos en los propios Estados Unidos. Tampoco sabemos qué controles existen sobre la gran cantidad de armas vendidas a Ghana en la última década. En los contrainformes de la coalición “Armas Bajo Control” denunciamos estos y otros muchos casos y recomendamos medidas al Parlamento y al Gobierno.

2º. Control parlamentario. El Gobierno comparece anualmente en la Comisión de Defensa para explicar el informe anual de exportaciones de armas. Esta Comisión elabora un dictamen con recomendaciones, para el que las ONG elaboramos propuestas a los grupos parlamentarios. El dictamen aprobado en octubre de este año incluye seis recomendaciones del PP e ignoró las 67 propuestas presentadas por la oposición, rompiendo así una tradición de consenso en esta materia en las dos últimas décadas. Ninguna de esas propuestas refuerza significativamente el control parlamentario y la transparencia para garantizar que no se autoricen ventas de armas “Marca España” para cometer atrocidades. Mucho nos falta para llegar al nivel de rendición de cuentas en Reino Unido donde el Gobierno responde con detalle a las más de 100 recomendaciones anuales del Parlamento.

3º. Poner las exportaciones de armas en la agenda política y lograr avances legislativos en España, Europa y en el ámbito internacional. Al darle visibilidad, hemos conseguido que los partidos políticos hicieran propuestas sobre el tema y se tomasen medidas y se hablase de exportaciones polémicas. La Ley 53/2007 de control de las exportaciones de armas fue un hito en este sentido y, aunque mejorable, establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, con un cierto grado de control parlamentario, aunque sea a posteriori. El nuevo Reglamento que desarrolla esta Ley recoge la “Regla de Oro” -prohibir la venta de armas para cometer atrocidades- promovida por las ONG desde hace una década. En un importante avance, España es el primer país del mundo en recogerla explícita y literalmente en su legislación nacional.

4º. Una mayor participación de España en temas internacionales de control de comercio de armas como la adopción de la Posición Común de la UE sobre transferencias de armas, los Tratados sobre minas antipersonal y bombas de racimo y, sobre todo, la negociación entre 2006 y 2013 en la ONU del Tratado el Comercio de Armas (TCA) que entrará en vigor en unos días, el 24 de diciembre. Es un instrumento que contribuirá a reducir el número de muertes resultado de la violencia armada, si se aplica de buena fe.

5º. Impacto en decisiones concretas del Gobierno. El papel de “Pepito Grillo” de las ONG ha tenido un cierto impacto en algunas operaciones del Gobierno en los últimos años, vigilado por el Parlamento y sometido al escrutinio de las ONG. Somos realistas, sabemos que no vamos a cambiar la política de exportación de armas de la noche a la mañana, pero sí sabemos que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) tiene un especial cuidado al analizar algunas operaciones que antes podían no ser objeto del mismo examen riguroso. Esto se puede observar en algunas decisiones de los últimos años relativas a la suspensión de determinadas exportaciones a, por ejemplo, Egipto, Venezuela o Israel (aunque el mes pasado la JIMDDU revocó la decisión adoptada este verano de suspender las ventas a Israel). El diálogo con el Gobierno es una clave en este sentido, aunque a menudo estemos en desacuerdo sobre las medidas a adoptar.

Al mismo tiempo, hemos sacado algunas lecciones del trabajo conjunto:

i) Es necesario un compromiso a largo plazo para conseguir cambios significativos. Conseguir la Ley de 2007 reguladora del comercio de armas en España supuso 13 años de esfuerzo continuado y el TCA es fruto de una campaña internacional que duró casi una década, a la que precedió un trabajo previo de diez años.

ii) crear redes y complicidades. Tanto para lograr la Ley española como para el TCA fue necesario aunar una coalición amplia y diversa. Esto implica trabajar con generosidad, sabiendo renunciar a “mi logo” para conseguir los objetivos marcados, algo que las 4 ONG han sabido hacer y un papel clave de determinados miembros del parlamento de diversos grupos parlamentarios

¿Cuáles son los retos pendientes? Hemos alcanzado, parcialmente, uno de los dos objetivos iniciales de la campaña, la transparencia, pero aún no hemos logrado que las actas de la JIMDDU dejen de ser secretas. Se nos plantean al menos tres retos:

a) Lograr cambios en la práctica gubernamental y mecanismos de verificación. Ahora que la legislación ya recoge el principio del TCA de no autorizar ventas de armas para cometer atrocidades, los informes remitidos al Parlamento deben permitir saber quiénes usan las armas españolas y qué medidas se adoptan para mitigar el riesgo de su uso para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para ello, el Gobierno debe dotarse de suficientes recursos humanos y técnicos, dado el gran incremento de las operaciones en los últimos años.

b) Ni un arma española para cometer atrocidades. El nuevo Reglamento de la Ley 53/2007 que regula las exportaciones de armas incluye la Regla de Oro del TCA. Sin embargo, se debe dar un paso más y modificar la Ley 53/2007 para tener mayor seguridad jurídica e incluso incluir esta regla en un eventual cambio de la Constitución, lo que pondría a España a la cabeza del control mundial del comercio de armas.

c) Universalizar y aplicar el TCA, aumentando su contribución al Fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, España puede impulsar la universalización del TCA y promover que el espíritu del Tratado influya en los embargos de armas que imponga la ONU.

En estos 20 años hemos demostrado que sí se puede regular el comercio de armas, pero que es una tarea ardua que exige un esfuerzo continuo. Nuestro compromiso es seguir trabajando para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Esa es la mejor receta para una política de control del comercio de armas que dé prioridad a las personas y los derechos humanos frente a los intereses económicos de la industria de defensa.