Juego limpio

Tras la gravísima reyerta entre seguidores ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo, las autoridades que rigen el fútbol han reaccionado con medidas contundentes para evitar que se repitan sucesos de este cariz. La Comisión Antiviolencia propuso un catálogo de sanciones para los implicados en la batalla campal que se produjo el domingo en los aledaños del estadio Vicente Calderón y que le costó la vida a un aficionado del club de A Coruña, miembro del grupo radical Riazor Blues. A los 88 hinchas identificados en la pelea se les prohibirá acceder a los estadios durante cinco años y además se les impone una multa de 60.001 euros a cada uno, la máxima posible.

Las tres instituciones directamente involucradas —la Liga, la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes— han acordado decisiones tajantes. Los clubes que colaboren con los violentos se exponen al cierre de una grada o del estadio completo, a la retirada de puntos o al descenso de categoría. Además, se controlarán las entradas, viajes y desplazamientos de los hinchas más agresivos y los árbitros darán cuenta de cualquier episodio de agresión, sea física o verbal.

Son, sin duda, antídotos que pueden ser eficaces contra la violencia —o su apología— que con demasiada frecuencia exhiben las hinchadas más radicales. Combatir estas actitudes exige el firme compromiso de los clubes, que a menudo han mirado para otro lado mientras los ultras campaban a sus anchas dentro y fuera de los estadios. Aún más grave: en no pocas ocasiones han sido cómplices al dar cobijo a las facciones extremistas.

Acabar con la impunidad y romper con las peñas que jalean las salvajadas es imprescindible para que impere el juego limpio. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Espanyol, y ahora Atlético de Madrid, han cortado vínculos con los grupúsculos fanáticos. Un ejemplo que ha sido experimentado con éxito y que deberían seguir todas las entidades deportivas. De la voluntad de aplicar con contundencia las medidas adoptadas ayer dependerá la credibilidad de los agentes vinculados al fútbol.

En todo caso, las autoridades de Interior deben permanecer vigilantes sobre los grupos ultras. Que pierdan el paraguas de los clubes es una condición necesaria, pero no suficiente para reducirlos a la inactividad.