Todas las lenguas de España

En una tribuna reciente (Blindar la convivencia, no las lenguas,EL PAÍS, 5/09/2014) argumentábamos que, en materia de lenguas, y con el ánimo de encauzar las tensiones que experimentamos en España, hay dos caminos. Uno ha dado en llamarse “blindaje de la competencia en lengua catalana”. En nuestra opinión, esta vía, nunca explicada en su detalle, es un error. La promoción del uso y el aprendizaje del catalán, es decir, el lado razonable de esa competencia, ya son potestades de las que la Generalitat goza bajo el marco normativo actual. Por tanto, todo nuevo margen de autonomía sólo podría ser usado para desarrollar más a gusto el lado no razonable de esa competencia, es decir, para intensificar la política pro-monolingüismo que vacía de contenido la oficialidad del español en Cataluña. Existe, sin embargo, otro camino, mucho más adecuado, que es el genuinamente federal: la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales, del género de las que existen en otros países de similar patrimonio lingüístico.

Actualmente, el plurilingüismo de España se organiza según el llamado “bilingüismo territorializado”; es decir, catalán, vasco y gallego son lenguas oficiales sólo en las comunidades donde se hablan y los Gobiernos autónomos son los encargados de promoverlas, con poca o ninguna intervención del Estado. La idea de que el Estado ataca las lenguas cooficiales o entorpece su progreso no se ajusta a la realidad. Cuestión distinta son los comentarios despectivos que a veces se vierten desde medios de comunicación privados. Estas muestras de ignorancia pesan en el envenenamiento de la convivencia; pero si nos centramos en las actuaciones oficiales, de manera objetiva, podemos concluir que, desde los comienzos de la Transición, el Estado no ha puesto trabas a la rehabilitación de las lenguas distintas del español. Sencillamente se ha inhibido: ni ha colaborado con entusiasmo en su recuperación ni ha puesto freno a las prácticas en menoscabo del bilingüismo de los Gobiernos de signo nacionalista.

Este laissez faire sugiere que las élites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias plenas del hecho de concebir el catalán, vasco y gallego como lenguas plenamente españolas. Puesto que si realmente lo son, alguna presencia y uso habrían de tener en las instituciones de planta estatal. Muchos ciudadanos de las comunidades bilingües captan esta falta de reconocimiento a sus lenguas maternas cuando esperarían legítimamente lo contrario, esto es, una actitud de cercanía y complicidad por parte del Estado que se comparte.

El Estado va por el buen camino, pero tiene que ser más ambicioso en la vía de la cooficialidad

Frente a todo ello, el Estado debería abordar las tensiones lingüísticas con un plan acorde con el espíritu del federalismo y distinto de la vía del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia política lingüística. Dicha política, que podría insertarse en la reforma de la Constitución pero que no la requiere, se apoyaría en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España y sentara un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al español, permitiendo que tuvieran una presencia significativa en las instituciones, órganos y actos de la Administración central; sin perjuicio de que, de manera lógica y natural, el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo.

¿En qué consistiría esta ley? En primer lugar, habría de recoger y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado hace más por las otras lenguas españolas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. Esta es una pequeña relación de buenas prácticas que la Administración central ya desarrolla: 1, prestación de servicios en sus órganos periféricos en la lengua cooficial; 2, traducción diaria del BOE a todas las lenguas españolas; 3, traducción de las páginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales; 4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado; 5, mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán, subsidiarias de RTVE; 6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catalán, vasco y gallego; 7, apoyo vía subvención a las industrias culturales en otras lenguas españolas; 8, reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen; 9, acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.

Ciertas de estas medidas conocen incumplimientos y lagunas, pero importa retener que son prácticas ya asumidas. Nos hablan de un Estado que va por el buen camino, pero no con la ambición precisa. Por ello, la ley que proponemos podría incorporar las siguientes mejoras: 1, consideración de las cuatro lenguas españolas principales como oficiales en los organismos de planta estatal —no necesariamente de trabajo—, con hincapié en los órganos judiciales; 2, posibilidad de expresarse en las cuatro lenguas principales en el Congreso de los Diputados; 3, mandato a las Comunidades Autónomas de incluir en sus currículos educativos la oferta del aprendizaje de otra lengua española; 4, obligación de rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales; 5, obligación de visibilizar la diversidad lingüística española en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general; 6, desarrollo de la oferta audiovisual pública en catalán, vasco y gallego; 7, uso de todas las lenguas oficiales de España en actos de Estado, y en particular los más solemnes; 8, por lo demás, la cooficialidad en el ámbito español haría más fácil modificar el Reglamento Lingüístico de la UE, para alcanzar también el estatuto de cooficialidad europea.

Para esta propuesta es necesario anticipar tres críticas razonables. 1: su aplicación supondría una elevación injustificada del gasto. Nosotros no creemos que el coste fuera exagerado, y, en todo caso, sería el precio por una España más inclusiva (todos tenemos en mente gastos inmensamente mayores mucho menos justificados). 2: una Administración tetralingüe es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; sí de asegurar que los organismos estatales puedan comunicarse en las cuatro, por escrito, sirviéndose de avanzados departamentos de traducción, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de hacerlo. Y 3: estas medidas son innecesarias en presencia de una lengua común, el español. Esta es la objeción de más calado, que requiere ser pensada aparte.

El castellano es el legado que todos los españoles (y millones de no españoles) tenemos en común

La lengua española o castellana es el hermoso legado que todos los españoles (y millones de no españoles) tenemos en común. Su estigmatización por parte de los nacionalistas como lengua foránea o impuesta militarmente en sus comunidades no se ajusta a la historia ni es respetuosa con sus hablantes. Además el español es, como toda lengua franca, un eficaz instrumento de comunicación, cuyo uso en órganos comunes parecer ser exigido por el principio de racionalidad administrativa. Sin embargo, es importante entender que los Estados no son sólo organizadores racionales. Satisfacen también necesidades de orden simbólico. Hablantes de una lengua poderosa, los españoles de lengua materna castellana no siempre son conscientes de las necesidades de reconocimiento de los hablantes de lenguas minoritarias. La Ley de Lenguas Oficiales vendría a subsanar este déficit simbólico (en palabras del lingüista Albert Branchadell) al permitir a los ciudadanos de las comunidades bilingües visualizar cómo sus lenguas existen también para el Estado central. Al mismo tiempo, acercaría estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monolingües, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias.

Desde el comienzo de la Transición, la inhibición del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor único de las otras lenguas españolas. Ha sido este un grave error estratégico cuyas consecuencias a la vista están. En este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores prácticas en política lingüística federal e involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España.

Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona. Juan Claudio de Ramón es ensayista.