Cuatro debates urgentes

Las grandes empresas españolas acaban de irrumpir con fuerza en el debate político a través del informe España 2018 elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). El informe se propone como objetivo principal corregir lo que las 18 mayores empresas consideran que es el problema más grave que sufre la sociedad: el desempleo y las escasas expectativas de reducirlo de forma sustancial. España 2018 propone varias actuaciones encaminadas a crear 2,3 millones de puestos de trabajo hasta 2018, reducir la tasa de paro por debajo del 11% en esa fecha y bajar la deuda pública, otro de los graves lastres para la recuperación económica, por debajo del 90%.

Para valorar en sus justos términos la propuesta del CEC conviene aclarar de entrada que no se trata de un plan económico. Para poder denominarlo así sería necesario al menos que, además de los objetivos señalados —el texto subraya que para España el paro es un problema más grave que la corrupción—, el texto detallara al menos los instrumentos políticos y técnicos a través de los cuales se pretende reducir la economía sumergida, disminuir el fraude fiscal o concretar un ajuste adicional de otros 30.000 millones, que, ya puede adelantarse, probablemente produciría un colapso en el sistema económico después de los ajustes aplicados desde 2011 hasta la fecha.

Tampoco se trata de un catálogo de medidas de choque para impulsar una mejora rápida del crecimiento y el empleo; estaríamos más bien ante estrategias económicas a medio plazo para elevar la rentabilidad y estimular el empleo. El valor de España 2018 no está en el detalle de sus recomendaciones, sino en dos consideraciones valiosas en un momento en el que la economía pierde impulso y se ve agobiada por el estancamiento europeo. La primera de ellas es que abre la puerta a un debate necesario y urgente sobre el futuro de las instituciones económicas y sobre las políticas que deben aplicarse para superar de una vez la crisis. Los empresarios, acuciados sin duda por el riesgo de una tercera recesión y un ambiente político desvertebrado, recuerdan que es posible elaborar una estrategia distinta y distante de la restricción presupuestaria pura y simple que no ha conseguido alumbrar una salida rápida de la recesión.

Porque esta etapa de crecimiento lento y de disminución paso a paso del paro va para largo. La Comisión Europea rebajó ayer de forma significativa las previsiones para Europa en 2015; y, en consecuencia, también las de la economía española, cuyas exportaciones empiezan a sufrir las consecuencias del parón europeo. Las previsiones para Francia, Alemania e Italia empeoran sensiblemente; las de España pasan del optimista 2,1% apuntado en su anterior previsión al 1,7%. Europa está acosada además por el riesgo de deflación sin que, lamentablemente, exista una respuesta política conjunta a una situación potencialmente catastrófica.

El segundo estímulo positivo que ofrece España 2018 es la oportunidad abierta para debatir sobre graves disfunciones que han sido olvidadas. Efectivamente, es necesario reducir la economía sumergida y urgente decidir cómo se consigue; es obligado bajar el fraude fiscal, porque así se minimizaría el ajuste público; hay que aumentar el tamaño de las empresas e invertir en educación, es decir, en capital humano. Sólo con que se articularan en serio estos cuatro debates mejorarían las expectativas y se reforzaría la fe de los ciudadanos en la acción pública. Pero hasta ahora la respuesta de Gobierno, partidos y agentes sociales ha oscilado entre el silencio estruendoso, el escepticismo o el socorrido método de echar balones fuera. Y no estamos tan sobrados de ideas como para silenciar cualquier iniciativa que las proponga.