La Policía y Vigilancia Aduanera acuden a una sede de Sidenor para recabar información sobre la venta de acero a Israel
Los agentes actúan por orden del juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntos delitos de contrabando, entre otros
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han acudido este martes a la sede de Sidenor de Basauri (Bizkaia) para realizar un registro y recabar información relativa a la investigación que dirige la Audiencia Nacional por la venta de acero a la empresa Israel Military Industries (IMI), empresa fabricante de armas pesadas y ligeras. Fuentes de la investigación han confirmado a EL PAÍS que los agentes han actuado por orden del juez que investiga a altos cargos de la compañía por presuntos delitos de contrabando y supuesta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía israelí.
Las fuentes consultadas han precisado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Francisco de Jorge, ha ordenado esta diligencia en el marco de una pieza que de momento permanece bajo secreto. Dicha pieza forma parte de una investigación que dirige el instructor en la que figura como imputado el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y otros dos directivos de la compañía.
Esta investigación nació de una querella que presentó la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y en la que se acusa a Sidenor de haber realizado envíos periódicos de acero a Israel Military Industries. Los querellantes señalaban que el último envío realizado tuvo lugar el 10 de junio de 2025, cuando Sidenor, a través del carguero MV VELA, entregó 393 toneladas de acero a IMI Systems vía el puerto de Haifa (Israel).
El juez investiga si, como sostiene la asociación querellante, Sidenor habría llevado a cabo una venta de acero a IMI, con “pleno conocimiento de que el material vendido a Israel iba a ser utilizado para la fabricación de armamento”, sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.
El pasado noviembre, el presidente de Sidenor se desmarcó de las acusaciones en su contra y defendió que la compañía había cumplido con la legislación vigente. El directivo incidió en que en el momento en el que se realizó la venta del material no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con Israel.
La compañía difundió un comunicado en el que señaló que “ninguno” de los aceros vendidos a Israel estaban incluidos ni en el Real Decreto español que regula el comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, ni en el reglamento europeo por el que se establece un régimen de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso. Además, subrayó que los envíos denunciados representan “menos del 0,2% de la ventas totales anuales de a la empresa”.
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