Precariedad y exclusión

Las altas tasas de paro, la falta de perspectivas laborales y la precariedad general en que viven los jóvenes en España están llegando a los juzgados en forma de sentencias que obligan a los progenitores a seguir pagando la pensión por alimentos a sus hijos, incluso cuando estos hace tiempo que han alcanzado la mayoría de edad y tienen una carrera universitaria.

Se trata en casi todos los casos de padres divorciados que habían dejado de pagar las pensiones. Los tribunales, siguiendo el artículo 3.1 del Código Civil que insta a aplicar la ley “atendiendo a la realidad social”, han dictado unas sentencias que 10 años atrás hubieran resultado insólitas, pero que ahora responden a una situación cada vez más dominada por la precariedad, como ha señalado el último informe sobre exclusión y desarrollo realizado por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas.

El informe analiza 35 indicadores sociales y permite observar lo mucho que se ha deteriorado la situación en España por la crisis. Solo un 34,3% de los españoles vive con comodidad, con todas sus necesidades cubiertas; en el último informe, hace seis años, el porcentaje alcanzaba el 50,2%. El trabajo refleja que el 40,6% de la población padece las consecuencias de la precariedad, el 24,2% sufre una exclusión moderada y el 10,9% está ya en situación de marginalidad severa. Son cifras preocupantes, a las que hay que sumar la reciente advertencia de Unicef sobre otro indicador muy negativo: la pobreza infantil ha pasado en cinco años del 28% al 36%.

Estos informes muestran el deterioro que sufren amplios sectores de las clases medias y populares, lo que supone una seria amenaza para la cohesión social. Es una situación que debe corregirse: la desigualdad es una injusticia y un obstáculo para el crecimiento y el progreso económico. Evitar la fractura social debería estar ahora entre las máximas prioridades.