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Coacciones abusivas

Artur Mas añade a la presión a funcionarios la orden de hacer propaganda a radios y TV

El sucedáneo de consulta popular en favor de la independencia previsto por la Generalitat para el 9-N empieza a desbordar el carácter festivo con que se presentó para adornarse de presiones indebidas y abusivas. Primero fue la insistente llamada a la colaboración de funcionarios como teóricos voluntarios —en la práctica, negarse requiere dosis de valentía— en la organización de una convocatoria que en el mejor de los casos colgaría de un vacío legal, y en el peor sería abiertamente ilegal, con la consiguiente asunción de responsabilidades individuales.

Después, el Gobierno de Artur Mas conminó a TV-3 y Catalunya-Ràdio a propagar más intensamente el evento, cuando ya el Consejo Profesional de la televisión autonómica había protestado porque la información del 9-N estaba “sobredimensionada”, por ejemplo, en comparación con el caso Pujol.

La serie de despropósitos desemboca de momento en la obligación impuesta a las emisoras privadas de radio FM (todas las cadenas de ámbito tanto autonómico como general) y televisiones con sede en Cataluña de emitir unas cuñas propagandísticas convocando a contribuir en el “proceso de participación” organizado por Mas como aperitivo de su campaña electoral. Es una requisitoria que se acoge a la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña (artículo 82) en la que se ordena a las radios y televisiones privadas difundir gratuitamente los comunicados que el Ejecutivo catalán “estime convenientes por causas justificadas y de interés público”.

En un decenio de vigencia, esa ley no se ha aplicado en ocasión de incendios, nevadas, inundaciones y otras emergencias. Por tanto, resulta indudable que su uso en este caso atenta contra el principio de proporcionalidad. Es abusivo. Y las ignotas “causas justificadas y de interés público” no son de recibo. El propio portavoz de Mas acaba de declarar que el evento del 9-N no puede perseguirse porque no existe: si no existe, ¿a qué obligar a nadie? ¿O es que acaso ha cambiado ahora la astucia de sortear la ley y se plantea un desafío directo contra ella, para lograr la prohibición del 9-N, en beneficio del victimismo?

Último, pero capital: la apropiación indebida de las ondas por la Administración —que solo debe regularlas técnicamente, sin avasallar sus contenidos— conculca el Estado de derecho. Aproxima el estilo del actual Gobierno catalán al de lejanos populismos autoritarios.

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