No es suficiente

La Constitución reconoció la primacía de los partidos para reforzar la democracia frente a tentaciones autoritarias, pero las principales fuerzas políticas no han correspondido a ese depósito de confianza con un control riguroso de sus actividades y una depuración temprana de las sospechas de ilegalidad que surgen entre sus filas. Han preferido que algunos afiliados pasen de vez en cuando por los juzgados, a sabiendas de la lentitud de la maquinaria judicial, para dar la sensación de que se trata de pocos casos, como el presidente del Gobierno sostenía todavía el domingo pasado.

La cortedad de esa estrategia ha quedado en evidencia. Tras la macrorredada contra la última trama de corrupción conocida y la declaración judicial del ex secretario general del PP, Ángel Acebes, sobre la contabilidad b de ese partido —que el imputado asegura desconocer—, cambia el discurso. De defender machaconamente la honradez de sus sospechosos, el PP pasa a suspenderles de militancia y, por boca del propio Rajoy, a pedir perdón.

Estas rectificaciones eran indispensables y se agradece la petición de perdón, pero no es suficiente. El Gobierno lleva casi dos años anunciando medidas anticorrupción e insiste en que ahora va a llevarlas a cabo. Si solo se trata de aprobar las ya anunciadas, es probable que su incidencia sea escasa, aunque nunca está de más que se penalice la financiación ilegal de partidos políticos —que sigue sin ser un delito específico en España—. El trámite de esas leyes abre un espacio que la oposición también debería aprovechar.

Pero el fondo del problema es el abuso de posición dominante adquirido por los partidos en el conjunto del sistema político, que se ha transformado en una camisa de fuerza y le traba para funcionar con razonables garantías de limpieza. Es indispensable una legislación que imponga la democracia interna y la transparencia como formas de autolimitación del poder partidista, además de auditorías profesionalizadas, acabando con la ficción —en la práctica— de un Tribunal de Cuentas sometido al control del PP y del PSOE. No es posible seguir adelante con órganos reguladores y de control tan dependientes de los partidos como los que existen.

No cabe esperar que todo eso lo hagan las mismas cúpulas que aspiran a controlar cargos y puestos. Mientras la justicia intensifica su trabajo, las propuestas para regenerar el funcionamiento de los partidos deben venir de otra instancia, que podría ser una comisión apartidista de personalidades, nombrada por las Cortes, o alguna otra fórmula que tuviese encaje en nuestro ordenamiento constitucional. La conversión de esas propuestas en leyes y órganos efectivos de aplicación habría de ser inmediata.

Esto no es, desde luego, responsabilidad de una sola fuerza política. Pero si el partido que dispone aun de mayoría absoluta no quiere dar pasos en esa dirección, le queda por delante una degradación creciente ante una ciudadanía hastiada, hasta hacer irrecuperables sus propias posibilidades y, quizá, las del sistema político en su conjunto.