El sistema

Así se llamaba el monstruo contra el que había que luchar allá por los años sesenta, cuando comenzábamos a tomar nota de la existencia clandestina, heroica, de unas comisiones obreras: el sistema, había que luchar contra el sistema, una confabulación nada nebulosa de la dictadura con el capitalismo. De aquellas comisiones que habían surgido a la existencia de manera espontánea y que crecieron en las reuniones, las huelgas, la represión y la cárcel hasta convertirse en mayores, procedió parte principal de la presión desde abajo sin la que es imposible entender el proceso de transición desde el sistema a la democracia, un proyecto de otra política en otra sociedad, una ilusión.

Y dicen que Comisiones Obreras, ahora con mayúscula, estampó su firma un día de septiembre de 1996 junto a la del secretario general del Partido Popular de Madrid, en un pacto, elaborado a espaldas del Consejo y de la Asamblea, y firmado en flagrante violación de la Ley 5/1992 de órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, “con motivo de la renovación, a propuesta del Partido Popular, en la presidencia de la Caja de Madrid”. Habían aprendido bien los dirigentes de Comisiones la tramposa semántica de la política, el retorcimiento de las palabras que no designan, sino ocultan, realidades: renovación en la presidencia es como llamaron, para que los colores de la vergüenza no se les subieran a la cara, a la destitución del presidente de Caja Madrid en ejercicio y el nombramiento de un individuo muy conocido por su estrecha amistad con el presidente del Gobierno.

No importan aquí tanto los nombres —Jaime Terceiro destituido, Miguel Blesa nombrado—, como la cosa, porque la cosa fue que con aquel pacto, Comisiones Obreras —de Madrid al menos, pero los de Madrid actuaban con el beneplácito del secretario general, que en 2001 sería nombrado asesor de la Fundación Caja Madrid— entraba en el sistema caminando sobre alfombra roja y por la puerta grande. ¿En el sistema? No, en lo peor del sistema porque quien había firmado con ellos el pacto, Ricardo Romero de Tejada, era conocido como “el hombre de Rodrigo Rato en Madrid”, un tipo que ya había dado que hablar por sus planes de urbanismo al frente del Ayuntamiento de Majadahonda y que solo un año antes había declarado ante el juez por una sospechosa adjudicación de viviendas municipales; un experto en recalificación de terrenos, excelente equipaje para lo que estaba por venir.

Era conocido también, o al menos de eso él mismo presumía, por ser muy generoso en los pactos. Con dinero ajeno, ya se puede. Desde la llegada del nuevo presidente, los salarios de consejeros y de toda la retahíla de directivos subieron hasta multiplicar por veinte las retribuciones de la anterior etapa, a la par que se instauraba una política suicida de gestión del riesgo: había tantos terrenos que recalificar, tanto planes de urbanismo que aprobar, tantos amigos a los que conceder créditos, tantos bancos que comprar al triple de su valor, que el flujo de dinero que de la Caja salía para enterrarse en operaciones de alto riesgo llegó a contarse en miles de millones de euros.

Con el nuevo presidente, los salarios de consejeros y directivos subieron hasta multiplicar por veinte las retribuciones de la anterior etapa

De esta manera, una caja que se había convertido en pocos años en una de las instituciones más solventes y rentables de nuestro sistema financiero, con una sólida red de asistencia social y de acción educativa y cultural, comenzó a cavar el agujero negro que fue tragando depósitos de clientes —triplicados en la anterior etapa— hasta llegar al fondo de una nada que intentó pavimentar con el más repugnante engaño perpetrado a una clientela fiel: las preferentes. En ningún momento de este galope hacia el abismo, se escuchó de algún miembro del consejo una voz de alarma, ni un toque de atención, entretenidos como estaban en aumentar sus respectivas parcelas de poder: el enfrentamiento más sonado, con motivo de la renovación de 12 de los 21 consejeros en septiembre de 2003, no fue de los sindicatos o partidos de izquierda con la presidencia, sino entre UGT e IU y entre distintos sectores de CC OO por ver quién se desvivía más en la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y mientras resolvían este metafísico dilema, el nuevo secretario general de Comisiones, José María Fidalgo, que en abril de 2000 había sustituido a Antonio Gutiérrez, declaraba que su única intención era apoyar a Miguel Blesa porque no quería “broncas políticas”.

Era lo que faltaba. Con ese cheque en blanco, y con la presidencia repartiendo dinero a espuertas, Caja Madrid desapareció del sistema financiero español, no arrastrada por una catástrofe de la naturaleza, sino por una gestión disparatada ante la que permanecieron mudos, mirando hacia otra parte, todos los bien pagaos que por un puñao de parné renunciaron a la democrática tarea de control, vigilancia y denuncia. Es lástima grande tener que recordarlo, por lo que significa de destrucción y ruina de un legado histórico, pero esa gestión, que nos ha costado a todos nosotros la astronómica cifra de 22.400 millones de euros, fue posible por un pacto que transportó a Comisiones Obreras hasta el corazón del sistema.

Santos Juliá es historiador. Su último libro publicado es Nosotros los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).