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EDITORIAL

Tarjetas negras

Los gastos sin control en Bankia exigen una investigación exhaustiva del juez y de Hacienda

El rescate de Bankia ha costado a los contribuyentes más de 24.000 millones hasta el momento. Es lógico e imperativo que, a cambio de ese esfuerzo, se exijan responsabilidades a los gestores que llevaron a la institución a la quiebra; y que, por supuesto, estas responsabilidades las determine un juez después de una investigación exhaustiva. De los informes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria —propietario actual de Bankia— en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se desprende que consejeros y directivos de Bankia (y antes de Caja Madrid) se gastaron 15,5 millones entre 2003 y 2012 utilizando tarjetas de crédito fantasmas,es decir, sin contabilidad precisa, en algunos casos sin límite, al margen de las cantidades reguladas y contabilizadas como gastos de representación y, aparentemente, sin que Hacienda tuviera conocimiento de los ingresos obtenidos.

En primer lugar, compete al juez Andreu determinar si los hechos mencionados por el FROB y la Fiscalía Anticorrupción constituyen un caso de saqueo de los fondos de la institución (en términos jurídicos, delito societario y apropiación indebida) y decidir los pasos legales pertinentes para aclarar el caso. El juez actuará sin duda concediendo todas las garantías adecuadas a los consejeros y directivos implicados. De forma que quienes usaron la tarjeta —como Pablo Abejas, destituido ayer de su cargo de director general de la Comunidad de Madrid— podrán defender su inocencia y el grado de conocimiento que tenían de las condiciones de uso del dinero.

Además, Hacienda tendrá que decidir si existe o no causa de delito fiscal. Pero, en principio, la disposición de dinero que no esté considerado como gasto de representación exige que se declare como rendimiento de trabajo. Es difícilmente creíble argumentar ignorancia o insistir en que todas las instituciones financieras y las empresas tienen tarjetas “para gastos de representación”; porque los llamados gastos de representación están perfectamente controlados en las cuentas de las compañías. Si existe delito en las tarjetas de Bankia procede precisamente de su opacidad.

En todo caso, si el juez y Hacienda consideraran que existen indicios suficientes para iniciar una causa, la acción debería ser tajante y rápida. Una primera condición es que los implicados devuelvan el dinero sin justificar que obtuvieron a través de las tarjetas sin control. Por cierto, eso es lo que han hecho ya, con buen criterio, cuatro consejeros ejecutivos de Bankia. Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amat han devuelto en total casi 200.000 euros a la entidad financiera después de que se les pidiera la justificación de las cantidades gastadas. Aunque la devolución no evite acciones judiciales posteriores, es la actitud correcta y también un indicador indirecto de que las tarjetas fantasma no responden a la ortodoxia empresarial.

Pero, en todo caso, la responsabilidad individual de las prebendas sin justificar, que es grave, palidece ante el desdichado modelo de gestión en Bankia (antes del rescate). Porque, sea cual sea la decisión judicial y de Hacienda, es evidente que la existencia de cuentas de dinero para gastos de la alta dirección que no necesitaban justificación indica una mala praxis empresarial. Ese es el modelo de gestión —lamentablemente presente en muchas otras cajas— que tomó decisiones ruinosas, se despreocupó del negocio financiero y permitió durante decenios la manipulación de la entidad, con resultados desastrosos para los contribuyentes que pagan el rescate, los depositantes, los accionistas y las víctimas de las preferentes.

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