El ‘kowtow’ ante el nuevo emperador de China

Hace siglos, en tiempos de los florecientes Imperios del Centro, se exigía a los representantes de las misiones bárbaras (esto es, a los diplomáticos de los países extranjeros, entre otros súbditos), el arrodillarse tres veces e incluso el postrarse hasta nueve tocando la cabeza en el suelo, mientras el emperador chino, el Hijo del Cielo, permanecía impertérrito en lo alto del trono. Este protocolo de reverencia solemne al poder supremo celestial, conocido como el kowtow, debía llevarse a cabo para poder mantener relaciones diplomáticas y comerciales amistosas con el Imperio de Beijing. Lo que básicamente se pretendía con este ritual de corte confucionista era mostrar público respeto y sumisión al superior, esto es, reconocer de forma abierta el rango jerárquico del emperador respecto a los súbditos o vasallos.

Los tiempos convulsos actuales, entre sus numerosos y perniciosos efectos, parecen haber rescatado este bochornoso ritual, propio de la etiqueta del exótico Lejano Oriente. En todo caso, las diferencias resultan más que sutiles y ahora el nuevo kowtow lo ha ejecutado el gobierno español ante los nuevos jerarcas de Pekín, que en lugar del trono divino, se sientan en los mullidos sillones del Politburó del Partido Comunista Chino, mientras atesoran fortunas millonarias en paraísos fiscales que escapan clandestinamente de la ley y de la utopía maoísta. En todo caso, este primer regreso a pasadas épocas imperiales ha resultado ser una cuestión de imperiosa necesidad, ya que debían salvaguardarse los intereses económicos y de la deuda española en manos de los nuevos amos orientales, como ha reconocido abiertamente nuestro ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo.

Concretamente el kowtow se comenzó a escenificar de forma pública y manifiesta, el 17 de enero de 2014 cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, presentaba en el Congreso de los Diputados, la propuesta para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Como tantas otras veces se invocaba la normativa internacional para atentar contra los valores y principios más elementales de este mismo Derecho Internacional. En la misma exposición de motivos se ha dado un salto cuántico al pasado más ancestral, obsoleto y superado de la ley internacional, situándose en los tiempos en los que los derechos humanos eran domaine réservé de los Estados. De esta forma no se ha dudado en acudir a tratados internacionales y a los compromisos suscritos en Roma que originaron el actual Tribunal Penal Internacional, para cercenar décadas de una incansable lucha contra la impunidad que había sido iniciada como último recurso por distintas víctimas de crímenes internacionales olvidados e ignorados. En efecto la jurisdicción universal estaba siendo la única tabla de salvación donde agarrarse e iniciar los casos contra aberrantes crímenes internacionales que no habían logrado obtener garantías de protección efectivas, ni a través de los distintos sistemas internacionales convencionales y extraconvencionales de Naciones Unidas, ni de los tribunales regionales de derechos humanos y mucho menos ante un muy menoscabado Tribunal Penal Internacional.

Así pues, cuando se comenzaban a dar los primeros pasos de una nueva globalización de la justicia que estaba permitiendo combatir intolerables agujeros negros en la esfera internacional y que apuntaban a los máximos mandatarios de alguno de los países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, las alarmas políticas comenzaron a dispararse.

Y es llegados a este punto cuando se decide dar un segundo gran salto, pero no hacia delante como hiciera el Gran Timonel, sino hacia atrás, hacia un pasado, que parecía haberse ya superado. En efecto con esta nueva ley se ha regresado a tiempos caducos para poder rescatar el principio de no injerencia en asuntos internos, y así salvaguardar y proteger a responsables políticos y militares, que además de genocidas y torturadores, son sobretodo socios comerciales de primer orden. Y vaya que se ha acudido al auxilio de los jerarcas chinos; semanas después de la aprobación de la reforma de la justicia universal, los casos Tíbet y Falun Gong dirigidos contra la cúpula del Partido Comunista Chino, quedaban archivados por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con el visto bueno de la fiscalía, aunque con el voto particular disidente de cinco magistrados.

Vivimos un retroceso cuando se comenzaban a dar los primeros pasos para combatir intolerables agujeros negros

El favor político por el cierre de la investigación judicial debía recompensarse. De esta forma para cobrarse el favor, Rajoy en su visita oficial a Pekín, acompañado de la CEOE, deberá escenificar la última y sumisa postración del ritual del kowtow, y una vez más tendrá que arrodillarse ante los poderes fácticos de China, sin perder nunca de vista los intereses de las grandes corporaciones. Pero claro está, la defensa de la Marca España parece que lleve implícita este servilismo humillante.

Europa y España están en una situación de crisis, pero la recesión económica no es el principal factor, ni su causa primigenia. La crisis se enraíza profundamente en la desintegración de los supuestos valores identitarios europeos (los del artículo 2 del Tratado de Lisboa), que debieran ser en la realidad una referencia internacional. Si la democracia y los derechos humanos en Europa se postran ante poderes autocráticos y corruptos como los del régimen actual de China, con el objeto de salvar nuestras deudas públicas y las millonarias inversiones de las empresas transnacionales irremediablemente se está generando más miseria; miseria social, legal e incluso ética.

José Elías Esteve Moltó es profesor de Derecho Internacional Público y Secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Es el redactor e investigador de las querellas del Tíbet presentadas en la Audiencia Nacional.