El canon a los libros

Casi de tapadillo, el 18 de julio, el Gobierno del PP aprobó un real decreto que penaliza con un canon monetario el préstamo de libros que hacen las bibliotecas públicas. El dinero será recaudado por unas más que discutibles entidades privadas de gestión de derechos de autor, que no gozan de muy buena prensa últimamente, y será para los autores de los libros que se presten en las bibliotecas.

Parece que alguien en el ministerio ha llegado a la conclusión metafísica de que si una biblioteca pública presta sus libros a los lectores perjudica económicamente a los autores. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Pues lo pagarán los Ayuntamientos, es decir, la misma Administración que es responsable de las bibliotecas. El efecto inmediato será que se reducirá aún más el presupuesto que cada biblioteca dispone para la compra de libros, lo cual afectará sin ninguna duda a las propias editoriales y librerías y, en definitiva, a los mismos autores que cobran por cada ejemplar vendido entre el 8% y el 12%. Con este canon se penaliza no solo a las bibliotecas y los lectores, que dispondrán de menos libros cada año, sino a toda la cadena editorial. Aunque lo más lamentable no es solo el dinero que se recaudará del canon por el préstamo de libros sino el discurso que hay detrás.

El préstamo de libros de las bibliotecas públicas jamás ha perjudicado a los derechos económicos de los autores. Muy al contrario, las bibliotecas públicas son las grandes difusoras de sus obras y no solo porque son las que compran más libros a editoriales y librerías sino porque acercan a cientos de lectores a los autores. En nuestro país, lamentablemente, aún hay muchos políticos que piensan que la cultura es un gasto superfluo y no una inversión de futuro.— Dídac Martínez. Director del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC.