¿Qué fue de Euskadi?

La proximidad del referéndum sobre la independencia de Escocia y la incertidumbre sobre si llegará a tener lugar el previsto en Cataluña no pueden dejar indiferente al nacionalismo vasco. Pues si ambos procesos abrieran paso al nacimiento de dos nuevos Estados, habría una fuerte presión del nacionalismo radical heredero de ETA para formar un frente por la independencia vasca. Desde el PNV ya se ha respondido por adelantado que ha sido precisamente la existencia de ETA, las heridas que ha dejado abiertas y su negativa a oficializar su disolución los mayores obstáculos para que en Euskadi pueda plantearse un proceso de ese tipo.

El presidente Rajoy acaba de comunicar al lehendakari Urkullu que en breve le convocará para el encuentro que el segundo llevaba meses reclamando con el fin de tratar, entre otros, de los problemas residuales que subsisten en el terreno de la paz y la convivencia tras el cese del terrorismo, hace cerca de tres años. El principal, el de los presos, ligado al del desarme de lo que queda de la banda. Urkullu planteará a su interlocutor de La Moncloa un plan conjunto de ambos Gobiernos para impulsar la reinserción de esos reclusos mediante una política penitenciaria más activa que incluya el fin de la dispersión.

Pero el Gobierno ya ha dicho que no moverá nada en materia penitenciaria mientras ETA no anuncie la disolución (cosa que no entra en sus planes). En su comunicado de febrero pasado planteaba convertirse en un agente político que junto con otros pactase una propuesta sobre “consecuencias del conflicto” (presos/desarme) a negociar luego con el Gobierno español. La idea de negociación ha sido asociada siempre por ETA a la de victoria. Pero ahora no se trata tanto de obtener contrapartidas como de alcanzar reconocimiento: el de que la violencia estuvo justificada.

Tanto los intermediarios internacionales como los dirigentes de la izquierda abertzale insisten en que el abandono de las armas es irreversible, y descartan una escisión. Sin embargo, episodios como la quema de cinco autobuses hace unos días en Vizcaya por un grupo de disidentes abertzales en busca de causa que afirmaban actuar en defensa de los presos enfermos indica el riesgo residual que subsiste y que requiere medidas específicas.

Policiales sobre todo, porque es sabido que la impunidad es el caldo de cultivo de la violencia callejera; pero también políticas en relación con los reclusos. Mantener la dispersión hace tiempo que dejó de tener otro sentido que el de no hacerles concesiones mientras se resistan a disolverse. Pero esa actitud no es contradictoria con lo que Urkullu propone acordar con Rajoy: impulso de medidas penitenciarias reversibles que estimulen la rebelión contra los controladores internos y externos de la banda. El lehendakari también tranquilizará a Rajoy sobre su visión del soberanismo: si se plantease, sería partido a partido y más cerca de la vía escocesa que de la catalana.