Propuestas del PSOE
La nueva dirección multiplica iniciativas de reformas institucionales que requieren acuerdo con el PP
Cuando el Gobierno tiene mayoría absoluta, ¿qué puede hacer la oposición aparte de quejarse? Lo primero, proponer alternativas, es decir, respuestas diferentes de los problemas e inquietudes de los ciudadanos. Desde hace años los políticos y sus partidos ocupan un lugar destacado entre esas inquietudes. La nueva dirección del PSOE ha anunciado que prepara unas cuantas propuestas de reformas legales que tienen que ver con el funcionamiento de las formaciones políticas.
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En primer lugar, una reforma de la ley de partidos que desarrolle lo previsto en la Constitución (artículo 6) sobre la obligación de que “su estructura interna y funcionamiento” sean “democráticos”. Los socialistas sopesan si identificar ese mandato con la obligatoriedad de primarias para elegir candidatos y de listas electorales paritarias, junto a la limitación de mandatos y existencia de un código de conducta común para todos los partidos.
Es una propuesta cuya excesiva concreción podría chocar con la autonomía de cada formación para decidir sus pautas de funcionamiento interno dentro de los principios democráticos. En cambio, tiene todo el sentido incorporar a esa ley una actualización de la de financiación de los partidos que recoja las experiencias de los escándalos que han afectado a varios de ellos. Entre las medidas propuestas destaca la prohibición de las donaciones de empresa, haya o no tenido contratos con la Administración; pues tales donaciones suponen en todo caso poner al gobernante o futuro gobernante en posición de deudor ante el donante, para cuando convenga.
También tiene que ver con los partidos el sistema de reparto de cargos institucionales de organismos como el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo más llamativo del modelo de elección propuesto es la presentación de sus candidaturas por los propios interesados y el examen de su idoneidad y competencia por una comisión de expertos adscrita de alguna manera al Parlamento antes de su votación en las Cortes.
Que la evaluación corresponda a especialistas es más lógico que concedérsela a los partidos en sus negociaciones para repartirse sus cuotas. Esto ha tenido el efecto de promover a candidatos más fieles que solventes, o bien personas grises que no suscitaran mucho rechazo. Pero en la fórmula propuesta el problema se traslada a la elección de los expertos. ¿Cómo seleccionarlos por el Parlamento sin que vuelvan a dominar los criterios partidistas sobre la competencia profesional?
Las propuestas de la nueva dirección socialista se caracterizan por afectar a las instituciones y, por tanto, a las reglas de juego democrático, lo que implica la necesidad de consenso al menos con el PP. El cual, aun con mayoría absoluta, comparte la necesidad de acreditar sensibilidad ante el rechazo de la opinión pública hacia esos comportamientos partidistas. Por lo que no habría que excluir acuerdos. De momento, los problemas seleccionados para intentar el consenso están bien elegidos.
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